Las recientes propuestas tributarias en Guatemala han provocado preocupación en el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN).
El Tesoro advirtió que la suspensión, modificación o derogación de impuestos podría dificultar la obtención del grado de inversión, un objetivo clave para atraer capital y reducir el costo del financiamiento externo.
Varios proyectos de ley plantean la suspensión temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Derivados del Petróleo (IDP). Aunque buscan aliviar el impacto del alza internacional de los combustibles, dichas medidas reducirían los recursos destinados a programas esenciales como educación, salud, seguridad y desarrollo urbano, según indicó el MINFIN en un comunicado.
Paralelamente, se discuten iniciativas para eliminar tributos patrimoniales, entre ellas la derogación de la Ley de Impuesto sobre Herencias, Legados y Donaciones mediante el Decreto 6-2026.
El miércoles 29 de julio los diputados aprobaron reformas al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) que eximen del pago a inmuebles de uso residencial o mixto y aplican una tarifa escalonada de 3 a 9 por millar para inmuebles de uso comercial.
El MINFIN calificó esa decisión como una amenaza para los ingresos de los gobiernos locales y advirtió que puede ampliar la brecha de inversión en los territorios.
Consecuencias en la estabilidad y perspectivas de inversión
El MINFIN subraya que Guatemala mantiene una carga tributaria baja frente a sus necesidades de desarrollo. Una recaudación estable es imprescindible para financiar prioridades sociales, responder a obligaciones futuras y sostener la inversión pública.
Según la cartera, los recursos públicos estarían en riesgo si se aprueban reducciones fiscales sin un análisis técnico riguroso. Aunque las iniciativas buscan aliviar la carga de los hogares, su efecto inmediato sería limitar los fondos disponibles para proyectos de largo plazo que benefician a las generaciones presentes y futuras.
Las principales agencias calificadoras —Fitch Ratings, Moody’s y S&P Global Ratings— han señalado que la baja presión tributaria es una debilidad estructural. Para estas firmas, la inestabilidad o reducción de la recaudación aleja a Guatemala del grado de inversión y compromete su desarrollo.
Ajustes en impuestos sobre la renta y regímenes especiales
En el Congreso también se debaten cambios al Impuesto Sobre la Renta (ISR) mediante el Decreto 13-2026, que afecta las rentas del trabajo. Además, se proponen modificaciones al régimen de Pequeño Contribuyente, ahora vinculadas al salario mínimo según el Decreto 31-2024. Estas variaciones reducirían el pago efectivo de impuestos y tendrían un impacto en la recaudación estatal.
El Ministerio de Finanzas Públicas insiste en la necesidad de realizar estudios técnicos profundos antes de aprobar reformas tributarias. “Una reducción improvisada de estos tributos disminuye de forma temporal o permanente los recursos disponibles para financiar el desarrollo”, advierte la institución.
Mejoras en la recaudación sin aumentar tasas
Desde 2024, el incremento en la recaudación se ha atribuido a medidas administrativas y a acciones de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) enfocadas en mejorar la eficiencia de los impuestos existentes, sin elevar tarifas ni crear tributos nuevos.
Las autoridades reconocen avances en eficiencia, pero reiteran que la estructura fiscal sigue siendo vulnerable. Cualquier cambio que reduzca la base tributaria representa un riesgo para la estabilidad financiera y la capacidad del país de cumplir sus metas de desarrollo.
En síntesis, el Tesoro advierte que suspensiones, modificaciones o derogaciones de impuestos pueden comprometer el presupuesto nacional, debilitar la financiación de servicios esenciales y alejar a Guatemala de una mejor calificación crediticia internacional. La estabilidad y la previsibilidad en las normas fiscales son necesarias para un crecimiento sostenible y el bienestar de la población.
