El primer paro docente tras la entrada en vigor de la reforma laboral que declaró a la educación básica como servicio esencial presentó un comportamiento desigual según la provincia. El Gobierno registró alto acatamiento en algunos distritos, especialmente en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego, mientras que en otras jurisdicciones la actividad escolar fue mayoritariamente normal.
La jornada estuvo además cruzada por un conflicto entre la Nación y la administración bonaerense por los intentos de la Secretaría de Trabajo de verificar el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la ley, que fija un umbral del 75% de asistencia docente.
Fuentes oficiales informaron que durante toda la jornada se realizó un relevamiento sobre una muestra de escuelas distribuidas por regiones y provincias. El operativo incluyó la verificación de locales abiertos y cerrados, el registro de asistencia cuando fue posible y la elaboración de observaciones sobre lo sucedido en cada institución. Desde el Ejecutivo sostuvieron que las protestas apuntan políticamente a la Nación, aunque los salarios dependen de las provincias.
Los primeros resultados muestran diferencias entre jurisdicciones. Según la Casa Rosada, la mayor adhesión se observó en Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego. En la Ciudad de Buenos Aires el impacto fue reducido y la mayoría de las escuelas relevadas permanecieron abiertas. En Chaco, el acatamiento también fue sensiblemente menor.
En el recorrido, los equipos nacionales registraron situaciones variadas por establecimiento: en algunas escuelas pudieron acceder y obtener datos sobre docentes presentes y ausentes; en otras se encontraron puertas cerradas, se les negó el ingreso o las autoridades escolares se negaron a facilitar información. Todas esas situaciones quedaron asentadas en actas.
La principal controversia se dio en la provincia de Buenos Aires. Durante el paro, la Dirección General de Cultura y Educación emitió una comunicación interna a inspectores y equipos directivos con instrucciones sobre cómo proceder ante eventuales requerimientos de la Secretaría de Trabajo de la Nación. En ese documento informó que el Ministerio de Trabajo bonaerense había pedido formalmente que el organismo nacional se abstuviera de solicitar información sobre el cumplimiento del piso mínimo previsto en la Ley 27.802 o de realizar inspecciones en establecimientos provinciales.
En ese mismo comunicado, las autoridades bonaerenses sostuvieron que la Secretaría de Trabajo nacional carece de competencia para fiscalizar el empleo público provincial y ordenaron a inspectores y directivos no suministrar información a funcionarios nacionales, invocando la supuesta falta de jurisdicción.
En la Casa Rosada interpretan que ese planteo explica, al menos en parte, las dificultades que tuvieron los equipos de relevamiento para acceder a información en algunas escuelas. El Gobierno procesará los datos recolectados y en los próximos días difundirá un informe con el detalle del nivel de acatamiento por provincia y las observaciones realizadas.
Además, anticipan que responderán políticamente a la presentación de la provincia de Buenos Aires, al considerar que la discusión sobre los controles forma parte de una disputa más amplia por la implementación de la nueva normativa sobre servicios esenciales.
Malestar con las provincias peronistas
Desde el Poder Ejecutivo manifestaron su descontento por el alto nivel de adhesión al paro en provincias encabezadas por gobernadores peronistas y responsabilizaron internamente al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la circulación de un comunicado que, según esa versión, habría impulsado a los docentes a sumarse a la protesta.
Fuentes del oficialismo sostuvieron que la responsabilidad salarial corresponde a las provincias y que, por eso, el reclamo debe dirigirse hacia los gobernadores. En sus declaraciones, describieron la disputa como una batalla sobre la responsabilidad de pago y de conducción de la política educativa provincial.
Ante la convocatoria del paro, el Ministerio de Educación convocó al Consejo Federal de Educación, que se reunió el pasado domingo, para actuar frente a la posibilidad de que se incumpliera la Ley de Modernización Laboral, que establece que debe garantizarse el 75% de la actividad en servicios esenciales como la educación.
La exigencia está contemplada en el artículo 24 de la Ley 27.802, que dispone la cobertura mínima durante conflictos colectivos que afecten la prestación de servicios calificados como imprescindibles.
Desde el oficialismo aclararon que el Estado nacional no tiene competencia para fijar salarios docentes y propusieron que provincias y gremios se sienten a dialogar para buscar acuerdos con el sector.
El funcionario Cordero explicó que, si no se respeta la normativa, se iniciará un proceso sancionatorio que incluye constataciones, traslados y respuestas formales, y que el trámite lleva su tiempo.
La ministra Sandra Pettovello afirmó en su X que la medida busca “resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, y anunció que el ministerio se encargará de garantizar la continuidad de las clases.
La Unión Docentes Argentinos (UDA) había judicializado el articulado de la Ley de Modernización Laboral. El oficialismo apeló el fallo inicial del juzgado laboral N° 74, que en primera instancia suspendió la declaración de esencialidad, con lo que la reforma permanece vigente mientras se resuelve el fondo del asunto.
En la práctica, la norma exige la presencia del personal necesario —docentes, directivos, auxiliares— para asegurar el normal dictado de clases.
Si bien la Secretaría de Trabajo realizó el muestreo, la Secretaría de Educación analizará la información relevada. Desde el ministerio indicaron que, ante la detección de incumplimientos, las sanciones se dirigirán al gremio y no a los docentes individuales; una posible medida sería la pérdida de la personería gremial en casos graves.
Ante irregularidades detectadas, las autoridades nacionales promoverán las denuncias correspondientes y los procedimientos previstos por la normativa, los cuales tomarán tiempo según las pruebas y las instancias procesales.
El paro de 24 horas fue convocado por un sindicato nacional en rechazo a la decisión del Ejecutivo de no convocar a la Paritaria Nacional Docente. Uno de los reclamos centrales es un aumento del sueldo mínimo docente, que actualmente se sitúa en 500 mil pesos, y la restitución del FONID, el fondo que hasta 2024 entregaba un incentivo mensual a los docentes.
Esta mañana, CTERA y ATE realizaron una concentración frente al Ministerio de Economía para visibilizar sus demandas. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, afirmó que la paritaria estatal se convirtió en “una estafa” que en dos años y medio afectó el poder adquisitivo de los trabajadores.
