El comercio exterior argentino quedó prácticamente paralizado este lunes luego de que los prácticos, pilotos y baqueanos —los profesionales encargados de guiar barcos en maniobras de entrada, salida y tránsito por ríos, canales y puertos— iniciaran un cese de tareas por tiempo indeterminado en todo el país. La actividad portuaria amaneció sin operaciones y un buque vinculado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) permaneció fondeado fuera del muelle sin poder ingresar.
La medida fue tomada en rechazo al Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, que apunta a desregular el servicio de practicaje y pilotaje. Fuentes del sector consultadas por este medio describieron la situación como “totalmente paralizada”: cargas de granos, combustibles y otras mercaderías permanecen detenidas en los puertos y, según advirtieron, el problema podría agravarse con el paso de las horas.
El impacto trasciende al comercio exterior. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas están interrumpidas por la falta de prácticos, lo que genera riesgo de dificultades en el abastecimiento de combustibles. La restricción afecta muelles clave —Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz— por donde se distribuyen nafta, gasoil y fuel oil a todo el país, e incluye la terminal de Caleta Córdova (Chubut), desde donde se traslada crudo hacia refinerías.
Representantes del sector señalaron que, en ese momento, no había buques tanque operando y que unas 12 embarcaciones estaban retenidas en puertos a la espera de servicios de practicaje. Además, fuentes del Centro de Navegación informaron de un número mayor de embarcaciones pendientes de confirmación del servicio, una cifra que podría incrementarse con nuevas entradas y salidas programadas.
El Gobierno, mediante representantes del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, se comunicó con autoridades del sector para proponer la apertura de una mesa de trabajo. Los prácticos respondieron que no aceptarán negociar mientras esté vigente el Decreto 690/2026 y exigieron su suspensión o derogación como condición previa para cualquier diálogo. La CADE informó que trabaja con las autoridades para buscar una solución que permita normalizar las operaciones portuarias.
La protesta frenó maniobras en Rosario y dejó un buque fondeado
La protesta comenzó de inmediato tras la entrada en vigencia de la nueva normativa: los profesionales afectados decidieron cesar la prestación de servicios por tiempo indeterminado como forma de impedir la aplicación del decreto. Entre las maniobras suspendidas figura la intervención del buque de transporte pesado White Marlin, necesario para trabajos vinculados al proyecto Vaca Muerta Oil Sur.
El VMOS es un oleoducto en construcción por un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol. La obra, que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro a lo largo de casi 600 km, supera el 75% de avance y prevé para mediados de 2027 una capacidad de transporte cercana a los 390.000 barriles por día, con un impacto esperado en las exportaciones energéticas de ese año por encima de los USD 18.500 millones.
Fuentes consultadas indicaron que el White Marlin permaneció fondeado fuera del puerto por la falta de un práctico, lo que demoró el inicio de trabajos previstos para el tendido de infraestructura submarina. En paralelo, la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzó a distribuir intimaciones individuales a los prácticos para que retomen la actividad, argumentando que el practicaje es un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que su interrupción puede acarrear acciones legales y sanciones administrativas.
El Centro de Navegación (CNAV), que reúne a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, envió notas formales a la ANPYN y a la PNA advirtiendo sobre la situación. En su comunicación, el CNAV consignó al menos 140 buques pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje en el momento de la presentación, cifra que podría aumentar con el paso de las horas por la programación de embarcaciones en la Vía Navegable Troncal.
El CNAV también informó que varias operaciones programadas en puertos argentinos fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil, revirtiendo transbordos que habían sido recuperados hacia el país tras años de gestiones público-privadas. Entre los puertos afectados mencionó La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca.
La entidad advirtió sobre posibles “pérdidas millonarias en divisas” por incumplimiento de contratos, lucro cesante y costos adicionales para la cadena logística, y alertó sobre el riesgo de que plantas productivas agoten su capacidad de almacenamiento. También señaló que la situación puede dañar la reputación del país como destino confiable para la actividad marítimo-portuaria.
Fuentes del sector indicaron que los prácticos justifican la medida alegando que el decreto pone en riesgo la seguridad de la navegación. Asimismo reclamaron la apertura de una mesa de diálogo que incluya al Gobierno, a los prácticos, a los usuarios y a las agencias marítimas, y señalaron que hasta ese momento no se había desarrollado una instancia de negociación efectiva con otras áreas del Estado.
El Gobierno asegura que la reforma busca bajar costos
El decreto forma parte de la estrategia oficial para reducir lo que el Ejecutivo denomina “costo argentino” mediante la eliminación de regulaciones que, según su criterio, limitan la competencia y encarecen la actividad económica. La norma reemplaza un régimen vigente desde 1991.
La nueva reglamentación crea un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la PNA, permite a los usuarios contratar libremente a los prestadores, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y delega a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la fijación de tarifas máximas. También exige la publicación de precios con el objetivo de favorecer la competencia.
El esquema suprime la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza condiciones para el traslado de estos profesionales y amplía las excepciones en las que ciertos buques no estarían obligados a contratar el servicio. Además, incluye mecanismos destinados a garantizar la continuidad del servicio en situaciones excepcionales.
Al anunciar los cambios, el ministro Sturzenegger afirmó que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, y sostuvo que el régimen anterior había generado barreras de ingreso que limitaron la competencia y elevaron los costos logísticos del comercio exterior.
Cayó el ingreso de divisas del agro en julio
La paralización portuaria coincidió con la difusión de datos sobre liquidación de divisas del sector agroindustrial. Según CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) —entidades que representan cerca del 48% de las exportaciones argentinas— las empresas del sector liquidaron USD 2.918 millones en julio, un 3% menos que en junio y un 28% menos que en julio de 2025. En el acumulado del año, las liquidaciones suman USD 16.297 millones, un 16% menos que en el mismo período del año anterior.
Las entidades atribuyeron la caída interanual a un efecto de base: en julio de 2025 venció el Decreto 38/2025, que había reducido temporalmente las retenciones y había impulsado ventas y registración de contratos por encima de lo habitual, con picos de liquidación en meses posteriores. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta liquidaciones totales por USD 34.897 millones para 2026, cifra que ya incluye un ajuste a la baja de alrededor de USD 1.200 millones respecto de la proyección de mayo.
En tanto, el presidente Milei ratificó recientemente que el cronograma de reducción de retenciones sigue vigente y señaló que la minería y la energía serán los sectores que abrirán el camino a ese alivio fiscal.
