Un legislador japonés advirtió en Taiwán que la reciente Ley de Unidad Étnica de China —aprobada cinco días antes de que el periodista japonés Akio Yaita fuera agredido en Taipéi tras una conferencia— otorga jurisdicción penal extraterritorial sobre expresiones realizadas en Tokio, en Taiwán y en otras partes del mundo.
Gen Nakatani, diputado de la Cámara de Representantes de Japón y copresidente fundador de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), formuló estas observaciones en el Ketagalan Forum de Taiwán, donde enmarcó la represión transnacional del Partido Comunista Chino (PCCh) como un problema de seguridad nacional más que de mero orden público.
“La investigación continúa y no afirmaré nada como definitivo. Diré únicamente esto: la Ley de Unidad Étnica entró en vigor cinco días antes”, señaló Nakatani en relación con el ataque contra Yaita.
El legislador señaló el artículo 63 de dicha ley como el mecanismo que permite al régimen chino perseguir penalmente a organizaciones e individuos fuera de China. “El gobierno chino afirma jurisdicción penal sobre lo que se dice en Tokio, lo que se dice en Taiwán y lo que se dice en esta sala”, advirtió.
Nakatani, exministro de Defensa de Japón, trazó una analogía con la defensa aérea para ilustrar la falta de un mecanismo institucional ante la represión transnacional: “Cuando se viola nuestro espacio aéreo, el radar lo detecta y nuestros cazas despegan de inmediato. Pero cuando un ciudadano en nuestro propio suelo ya no puede hablar, por temor a una potencia extranjera, en ningún lado suena una alarma”.
El diputado expuso casos concretos conocidos en su labor. Relató que personas procedentes de Xinjiang, Tíbet y Hong Kong han recibido presiones a través de familiares que permanecen en China y que han sido fotografiadas al asistir a reuniones en Japón. También mencionó el caso de un hombre de 60 años condenado a tres años y medio de prisión por el gobierno chino: “Hasta hoy, ni él, ni su familia, ni su gobierno han sido informados de cuál se supone que fue su delito”.
Frente a esa situación, Nakatani reclamó una estrategia de respuesta integrada que combine intercambio de inteligencia, exposición diplomática, contramedidas económicas y redes transfronterizas de protección. Sostuvo que tratar la represión transnacional como delitos aislados o como excesos ocasionales de la política de seguridad conduce a un callejón sin salida.
“La interferencia extranjera, la coerción económica, los ciberataques: no son eventos sin relación entre sí. Deben entenderse como un único curso de acción organizado que descansa en una estrategia integral”, afirmó el copresidente de IPAC.
El legislador también valoró el papel de Taiwán frente a esta amenaza: “Taiwán, aunque el más expuesto a esta amenaza, forma parte de la comunidad internacional con la voluntad más resuelta y la mayor capacidad”, y subrayó que Japón permanecerá junto a Taiwán en los próximos años. Recordó que en la cumbre de IPAC celebrada en Taipéi hace dos años la represión transnacional ya figuraba en la agenda, y que desde entonces la alianza ha llevado ese tema del margen de los derechos humanos al centro del debate sobre seguridad nacional. “Las palabras ‘represión transnacional’ han entrado por fin en el uso internacional. Pero el fenómeno en sí no es nuevo. Es un dolor que cargan desde hace tiempo quienes fueron expulsados de sus patrias y que siguen luchando por ellas y por los valores universales”, concluyó.
