El Parlamento libanés aprobó el martes la abolición de la pena de muerte, convirtiendo al país en el primer Estado árabe en reemplazarla por cadena perpetua agravada con trabajos forzados.
Líbano mantiene desde enero de 2004 una moratoria extraoficial sobre las ejecuciones; aun así, en ese periodo se han impuesto decenas de sentencias capitales que luego fueron suspendidas o conmutadas.
Una mayoría de los 128 diputados apoyó la medida, salvo el bloque parlamentario de Hezbolá, que se opuso.
Adel Nassar, ministro de Justicia presente en la sesión, calificó la decisión de “paso histórico” para la nación.
Organizaciones de derechos humanos que reclamaban formalizar la moratoria o abolir por completo la pena capital celebraron la votación.
Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano en Human Rights Watch, dijo que el país marca “una ruptura definitiva con una condena cruel que nunca debería imponerse” y añadió que la pena capital se distingue por su crueldad, su carácter irreversible y por estar sujeta a arbitrariedad, prejuicios y errores.
No está claro cómo se implementará la modalidad de trabajos forzados agravados, ya que varios legisladores señalaron que los términos de la nueva sanción aún no están totalmente definidos. Aunque la legislación y la jurisprudencia libanesas contemplan trabajos forzados, en la práctica se han aplicado poco en los últimos años por falta de recursos y por la sobreocupación penitenciaria.
La medida se adopta en medio del debate parlamentario sobre una polémica ley de amnistía general —la mayor desde el fin de la guerra civil en 1990— que podría rebajar penas o liberar a milicianos y a personas condenadas por narcotráfico.
Familiares de soldados y de miembros de las fuerzas de seguridad muertos en ataques islamistas han protestado repetidamente contra esa amnistía, señalando que esperaban ver ejecutados a los responsables en lugar de que cumplieran penas de prisión.
Hezbolá no ha emitido comentarios sobre la votación, y tampoco se han pronunciado las distintas instituciones religiosas del país, donde la pena de muerte sigue siendo legal en sus tribunales religiosos.
