El paro nacional universitario de 24 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FreSU Federal) afectó en forma general a las universidades públicas del país. Por la tarde, docentes, no docentes y profesionales de ciencia y técnica se concentraron en el Obelisco para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento.
Las instituciones más afectadas incluyeron la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), entre otras.
Aunque la Universidad de Buenos Aires (UBA) mantuvo sus puertas abiertas, el cese de actividades impactó en su funcionamiento porque gran parte del personal docente y no docente se plegó a la medida. Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), calificó la jornada como un paro de gran importancia.
Los reclamos incluyen la recomposición salarial ante una brecha que estiman superior al 28%, así como la actualización de los fondos destinados a becas y a los hospitales universitarios.
Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD‐UBA), sostuvo que el Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria establecida por la Ley de Financiamiento Universitario. Señaló además que el aumento del 21,3% acordado por rectores y federaciones afines, y abonado en julio, no cubre ni la mitad de lo adeudado, por lo que la asamblea de AGD‐UBA rechazó la propuesta y ratificó la necesidad de un plan de lucha contundente.
El FreSU también expresó su “profundo apoyo y solidaridad” con las y los docentes de Tierra del Fuego, que llevan nueve días en huelga reclamando el Salario Mínimo Vital y Móvil.
El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) inició el 3 de agosto un paro por tiempo indeterminado, exigiendo el fin del ajuste sobre la educación pública provincial, el cese de descuentos considerados persecutorios, una recomposición salarial real para alcanzar el Salario Mínimo Vital y Móvil de $3.000.352, un plan de desendeudamiento familiar y el tratamiento y sanción del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo presentado por el gremio hace dos años.
Desde el Ministerio de Capital Humano calificaron la medida como “política e ilegítima”, afirmaron que las transferencias están al día según los acuerdos previos y señalaron que convocaron a una reunión paritaria para el 1° de septiembre.
AGD‐UBA informó que la semana próxima iniciarán un paro nacional que se extenderá desde el lunes 18 hasta el sábado 22, motivado por la falta de respuesta del Gobierno Nacional y el “sostenido ahogo presupuestario”.
