La Justicia Federal resolvió que los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en la investigación por la desaparición de Mario Fabián Golemba continúen el proceso bajo prisión domiciliaria.
La medida había sido otorgada inicialmente a seis imputados, pero la jueza federal Verónica Skanata amplió el beneficio al resto de los sospechosos. Todos deben fijar domicilio y cumplir una serie de restricciones mientras se incorporan nuevas testimoniales al expediente.
Entre los primeros en recibir la prisión domiciliaria figuran el comisario retirado Ewaldo Katz y los policías Mario Francisco Villar, José Roberto Pereyra Da Silva, Cristian Andrés Silva, Juan Ramón Ferreyra y Alejandro Alfonso González Samudio. En las últimas horas se conocieron las resoluciones para los demás efectivos.
La prisión domiciliaria fue concedida bajo caución juratoria. A los imputados se les impuso la prohibición de mantener contacto entre sí, con testigos y con las víctimas; asimismo, deben abstenerse de acercarse a las dependencias policiales donde prestaban servicio y tienen vedado salir del país.
Además, todos serán incorporados al Programa de Vigilancia Electrónica y deberán usar dispositivos de monitoreo cuya supervisión dependerá del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La causa investiga la desaparición forzada de Mario Golemba, ocurrida el 27 de marzo de 2008. Tenía 27 años y ese día salió de su vivienda en Picada Indumar, en Dos de Mayo, con destino a Oberá para una consulta médica; avisó a su familia que regresaría más tarde, pero no volvió.
Con el tiempo, distintas declaraciones comenzaron a apuntar a la comisaría de Dos de Mayo. Dos testigos de identidad reservada aseguraron haber visto a Golemba detenido y golpeado dentro de esa dependencia policial.
En 2021, tras el impulso de la familia y la querella, representada por Pereryra Pigerl y Vignolles, el expediente pasó al fuero federal y se empezó a investigar como una desaparición forzada de persona.
La investigación plantea la hipótesis de un supuesto “pacto de silencio institucional” y de maniobras destinadas a ocultar el paradero del joven y garantizar impunidad. La Fiscalía Federal Dos, a cargo de Silvina Gutiérrez, considera que pudo haberse producido una privación ilegítima de la libertad, una posterior permanencia bajo custodia estatal clandestina y acciones orientadas a encubrir lo sucedido.
Entre los elementos analizados figuran presuntas omisiones en registros oficiales, versiones coincidentes entre funcionarios y otras maniobras que habrían desviado la investigación.
Con las 17 detenciones ordenadas esta semana y la posterior concesión de la prisión domiciliaria, la causa atraviesa uno de sus momentos de mayor trascendencia desde su remisión al fuero federal.
