Durante décadas, los venezolanos hemos concebido la cuestión electoral casi exclusivamente en torno al acto de votar. Hemos debatido sobre el registro, las máquinas, las auditorías, los testigos, las actas, la transmisión de resultados y, sobre todo, la composición del Consejo Nacional Electoral. Todo ello es necesario. Pero la experiencia autoritaria que vivimos exige mirar más allá: no puede hablarse de integridad electoral si no existe un poder judicial independiente que la proteja.
Esa idea ayuda a entender la magnitud de los acuerdos alcanzados el pasado 12 de agosto en el proceso de negociación promovido por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, entre el Gobierno encargado y la Asamblea Nacional electa en 2015. La renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia, la designación de magistrados para todas sus salas, la creación de un consejo independiente de juristas para evaluar candidatos, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo y un procedimiento de postulaciones más transparente y abierto a la sociedad civil responden a un mismo objetivo: reconstruir las garantías institucionales para que los votos se expresen libremente y produzcan efectos políticos reales.
Una elección no empieza cuando el elector se pone frente a una máquina ni termina cuando se suman los votos. Antes de votar deben garantizarse el derecho a participar, la libertad de asociación política, la posibilidad de postular candidaturas y la igualdad entre competidores. Durante la contienda, las decisiones públicas deben ajustarse a la Constitución y a la ley. Y después de la votación debe existir una garantía definitiva: que ninguna instancia estatal pueda desconocer o vaciar jurídicamente la voluntad popular.
Los venezolanos conocemos bien las consecuencias de la ausencia de esa garantía. La experiencia de la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015 es un ejemplo clave. La oposición obtuvo una mayoría amplia en las urnas, pero su mandato fue neutralizado desde el Poder Judicial. Mediante más de 70 sentencias, el Tribunal Supremo limitó progresivamente a la Asamblea Nacional, recortó sus competencias, anuló decisiones y dificultó el ejercicio efectivo de la representación política conferida por millones de votantes.
Sufrí personalmente esas más de 70 sentencias. Como diputado de esa Asamblea, vi cómo una decisión soberana de la ciudadanía podía ser desbaratada, sentencia tras sentencia, por la utilización política de la función jurisdiccional. No fue necesario impedir el voto: bastó con disponer de un Tribunal que luego privara de eficacia política lo decidido por el pueblo.
Por eso, cuando después de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 observé el fraude judicial que buscó conferir una apariencia de legalidad a resultados no respaldados por la publicación transparente y verificable de actas, recordé las maniobras judiciales contra la Asamblea de 2015. Era el mismo mecanismo llevado a sus últimas consecuencias: usar al juez no para proteger la soberanía popular, sino para aniquilarla.
A partir de entonces he sostenido, y esto ha guiado mi reflexión sobre la democratización, que el desmontaje de la dictadura judicial debe ser uno de los primeros pasos para reconstruir el Estado democrático que consagra la Constitución. Nuestro problema nunca ha sido solo electoral; ha sido un problema de ejercicio del poder y de respeto a la Constitución. Un Consejo Nacional Electoral independiente es necesario, pero insuficiente. Incluso el mejor árbitro electoral requiere jueces capaces de controlar al poder.
Cuando a un ciudadano se le niegan arbitrariamente derechos políticos, cuando un partido es intervenido, un candidato excluido, se desconocen las atribuciones de una institución electa o se intenta falsear un resultado, la garantía última recae en la justicia. El juez independiente es, también, custodio del voto.
El artículo 5 de la Constitución establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Esa afirmación puede quedar vacía si las instituciones permiten que el poder anule lo decidido por la ciudadanía. Por eso la transformación del sistema de justicia está directamente vinculada con la eficacia de la soberanía popular.
Designar a todos los magistrados, evaluar a los candidatos de forma independiente, reformar la ley y abrir las postulaciones son piezas de una misma operación institucional. No se trata de repartirse cargos en el Tribunal Supremo, sino de desmantelar la estructura que permitió su subordinación política.
Esto tiene una importancia especial en el contexto de una negociación política. Toda negociación corre el riesgo de convertirse en una distribución de espacios entre las partes; aplicar esa lógica al Poder Judicial sería reproducir el vicio que se pretende superar. La independencia judicial no consiste en tener jueces propios, sino en precisamente no tenerlos. Un juez independiente no puede pertenecer ni al Gobierno ni a la oposición: debe ser juez de la República. Quien hoy reclama esa independencia debe aceptar que mañana ese mismo juez pueda fallar en su contra. Eso es Estado de Derecho.
Los venezolanos debemos aprender de nuestra historia. En 2015 vimos que ganar una elección no basta cuando un Poder Judicial sometido puede vulnerar la representación popular. El 28 de julio vimos algo aún más grave: tampoco basta expresar la voluntad si no existen instituciones capaces de garantizar su respeto.
Por tanto, el desmontaje de la dictadura judicial no es un aspecto secundario de nuestra democratización. Es, insisto, uno de los pasos iniciales para reconstruir el Estado democrático y social de derecho y de justicia que ordena la Constitución. Entre las garantías de esa reconstrucción está una indispensable: un juez que no obedezca al Gobierno, ni a la oposición, ni a quienes participaron en su designación, sino a la Constitución.
*Juan Miguel Matheus es diputado de la oposición de Delegación negociadora frente a Delcy Rodríguez.
