Los gremios docentes agrupados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocaron a un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto en reclamo por la falta de financiamiento de las universidades y por la situación salarial del sector.
La medida, confirmada por varias organizaciones sindicales universitarias —entre ellas FEDUBA— se produce en medio de una disputa judicial y política sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que el Congreso ratificó tras un veto presidencial y cuya implementación sigue siendo objeto de controversia.
El conflicto surge porque las universidades no reciben las transferencias presupuestarias previstas por la ley, a pesar de que hay fallos judiciales que ordenan su cumplimiento.
La ausencia de esos fondos afecta directamente los gastos operativos diarios de las instituciones públicas, así como las partidas destinadas a salarios del personal académico y a los programas de becas estudiantiles.
Desde la conducción sindical sostienen que las actualizaciones salariales de los últimos meses se fijaron de forma unilateral, sin la reapertura de una paritaria formal, y quedaron claramente por debajo de la inflación acumulada.
Las estimaciones gremiales indican que los trabajadores perdieron cerca de un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, por lo que exigirían un aumento superior al 50% sobre los haberes actuales para recuperar ese nivel de compra. El retraso afecta especialmente a las dedicaciones simples y semi-exclusivas, y también complica la situación de las dedicaciones exclusivas.
Autoridades y representantes del sistema universitario alertan además sobre la migración de docentes e investigadores con posgrado: la brecha salarial con el sector privado y con instituciones extranjeras provoca pérdida de recursos humanos que repercute en la calidad educativa y en la producción científica y tecnológica nacional.
En ese contexto, la huelga coincide con la demora en la aplicación efectiva de la ley, y las organizaciones sindicales advierten que podrían profundizar el plan de lucha si no reciben respuestas concretas del Poder Ejecutivo.
