El allanamiento efectuado por la Justicia Federal en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de General San Martín, en el marco de una causa por la presunta emisión irregular de licencias de conducir, volvió a poner en evidencia la falta de mecanismos de control y transparencia que deberían regir en la administración municipal.
Ante este hecho, el concejal del PRO en San Martín, Andrés Petrillo, presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante para conocer el alcance de las supuestas irregularidades y propuso una serie de medidas orientadas a crear un sistema anticorrupción.
La investigación federal incluyó allanamientos en las áreas de Tránsito de San Martín y Ezeiza, así como en otros domicilios vinculados a una presunta organización dedicada a obtener licencias de forma irregular. Según la información difundida, la Justicia investiga la entrega de registros a personas que no habrían cumplido los requisitos legales; los procedimientos involucraron el secuestro de documentación y la detención de sospechosos.
“No se debe estigmatizar al empleado municipal que cumple su tarea diaria. El trabajador forma parte de un sistema y merece contar con reglas claras, controles adecuados y seguridad sobre su estabilidad laboral. Lo que hay que discutir es la inexistencia de un sistema que prevenga la corrupción, detecte irregularidades y evite que se eludan los controles”, afirmó el concejal del PRO.
Petrillo sostuvo que este episodio debe enmarcarse en un debate más amplio sobre el funcionamiento del Estado municipal. En un comentario reciente sobre la estructura de personal del Municipio, señaló que San Martín tiene alrededor de 10.000 vínculos laborales o contractuales y advirtió sobre la necesidad de distinguir entre una administración pública destinada a prestar servicios y una estructura que pueda generar dependencia política u opacidad.
“Cuantos más recursos, más empleados y más áreas tenga el Estado, mayor debe ser su capacidad de control. No se trata de reducir personal por reducir, sino de saber qué hace cada área, cuánto cuesta, quién controla y qué resultados obtiene. Un Estado grande sin controles puede volverse frágil en muchos aspectos”, dijo Petrillo.
En ese sentido, el concejal propuso avanzar en la creación de un registro público de trámites sensibles, la trazabilidad digital de los procesos y la implementación de un sistema municipal de integridad y anticorrupción. Entre las medidas planteadas mencionó canales seguros de denuncia, protección para quienes informen irregularidades, declaraciones de intereses de funcionarios y responsables de áreas críticas, protocolos para conflictos de interés y seguimiento efectivo de investigaciones administrativas.
Petrillo también remarcó que el desafío no es solo identificar a los responsables de las irregularidades que investiga la Justicia.
“La Justicia debe investigar y determinar responsabilidades. Pero la política tiene que aprender de lo ocurrido y construir sistemas que dificulten su repetición. Si una irregularidad pudo sostenerse en el tiempo dentro de una estructura pública, hay que preguntarse dónde fallaron los controles. Esa es la discusión que necesita San Martín. La transparencia protege al vecino, al Estado y al empleado municipal que hace bien su trabajo”, concluyó.
