En el referéndum islandés sobre la reanudación de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, la narrativa prevaleció sobre los datos: el no ganó por un estrecho margen, con el 52,8% frente al 47,1% del sí. Frente a una campaña tecnocrática que apelaba a argumentos complejos —defensa y seguridad, política monetaria y capacidad decisoria en asuntos importantes—, muchos votantes criticaron la falta de concreción sobre lo que se proponía. Como resumió el exministro de Justicia conservador y votante del no Björn Barnasson, “esencialmente, el mensaje era: ‘decid que sí y luego ya veremos lo que hacemos’”. El Gobierno, sin embargo, solo pedía autorización para reanudar negociaciones que están técnicamente suspendidas desde hace 13 años; si las conversaciones prosperaran, habría otra consulta para aprobar o rechazar un eventual acuerdo de adhesión.
La campaña del no optó por evitar discusiones técnicas y apeló a emociones y escenarios hipotéticos: afirmó que un sí equivaldría a una pérdida de soberanía, al declive de sectores tradicionales como la pesca y la agricultura, y a una mayor llegada de inmigrantes, pese a que Islandia ya disfruta de la libre circulación con la UE, lo que limita el impacto de una adhesión en ese aspecto. También difundió estimaciones económicas alarmistas y una idea incorrecta sobre la trasposición automática de la normativa comunitaria: aunque Islandia participa en el Espacio Económico Europeo (EEE) y asume algunas normas de la UE, solo alrededor del 13% de la legislación de Bruselas se incorpora directamente a su ordenamiento jurídico.
