1 de septiembre de 2026
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Rechazan suspensión del juicio contra Ducoté

Rechazan suspensión del juicio contra Ducoté

Rechazan suspensión del juicio contra Ducoté

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la defensa de Nicolás Ducoté, exintendente de Pilar, que buscaba suspender el juicio oral iniciado el 3 de agosto ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. El tribunal consideró que la queja era inoficiosa porque el debate ya se encontraba en marcha.

Ducoté está siendo juzgado junto a otros nueve exfuncionarios por presunta malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público. La investigación se concentra en el manejo irregular de fondos que la Nación giró al municipio de Pilar entre 2016 y 2019 mediante tres convenios con el entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda: uno vinculado al programa de microcréditos y dos destinados a obras de infraestructura en barrios del distrito.

Qué pedía la defensa

Antes del inicio del juicio, la defensa solicitó postergar el proceso hasta que se completara una pericia contable referida específicamente al convenio de microcréditos. El Tribunal Oral Federal 1 rechazó ese pedido y también desestimó una nulidad planteada por presunta afectación del derecho de defensa, al considerar que no se acreditaron vulneraciones constitucionales ni riesgos concretos para el debido proceso, según consignó Ámbito.

El camino hasta el juicio oral

La causa se inició en 2019 a partir de una denuncia presentada por ediles y dirigentes del Frente Pilarense por presunta administración fraudulenta. En 2021, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó a Ducoté y a otros nueve exfuncionarios y empresarios; esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín y la Corte Suprema rechazó la apelación de la defensa, lo que permitió la elevación a juicio oral.

Cómo sigue el proceso

Con el rechazo de Casación, el debate continúa sin interrupciones. La próxima audiencia será virtual y corresponderá a la etapa de declaraciones indagatorias de los diez imputados. La investigación abarca los tres convenios de 2016 por un monto global que supera los $460 millones.

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