El juicio a Lindsay Clancy, la madre acusada de estrangular a sus tres hijos en Massachusetts en 2023, parece estancado después de casi cinco días de deliberaciones. El proceso, centrado en los supuestos problemas de salud mental de la acusada, ha sido seguimiento mediático en Estados Unidos durante las últimas seis semanas.
El jurado que juzga el caso en el condado de Plymouth afrontaba hoy una última oportunidad para decidir antes de que el juez William Sullivan pueda, con alta probabilidad, declarar la nulidad del juicio. El magistrado puede enviar al jurado a deliberar otras dos veces antes de anular el proceso, salvo que los miembros del jurado acepten continuar deliberando más días.
El abogado defensor de Clancy, Kevin Reddington, ha indicado que estaría preparado para iniciar un nuevo juicio la semana que viene si el actual se declara nulo. No está claro si la fiscalía estaría dispuesta a llevar a cabo un nuevo procedimiento tan pronto.
Clancy, enfermera de 36 años que trabajaba en una sala de partos de Boston, se ha declarado inocente. El juicio ha estado marcado por testimonios emotivos y por el audio de la llamada al 911 tras los hechos, en los que la acusada habría usado cintas elásticas para estrangular a sus hijos, de cinco años, tres años y ocho meses. Cora y Dawson, los dos mayores, estaban muertos cuando el padre regresó a casa; el bebé falleció días después.
El 24 de enero de 2023, tras agredir a los niños, Clancy se cortó las muñecas y el cuello y se arrojó desde una ventana del segundo piso; su esposo la encontró al volver a casa. Sufrió lesiones traumáticas en la médula espinal que la han dejado paralizada de la cintura para abajo.
La acusada sostiene que estaba dominada por una voz que la instaba a cometer los crímenes y que esa voz se intensificó el día de los hechos. La fiscalía niega esa versión y mantiene que los asesinatos fueron premeditados y que Clancy era consciente de sus actos.
La defensa ha presentado pruebas de una psicosis posparto, alegando alucinaciones auditivas y un empeoramiento pese a tratamiento. La fiscalía, por medio de su psicólogo forense, calificó esas alucinaciones como un relato sin base clínica y afirmó que la acusada conservaba la capacidad de distinguir el bien del mal, señalando la supuesta premeditación y la planificación de los hechos.
Clancy se enfrenta a la posibilidad de pasar el resto de su vida encarcelada o, en escenarios alternativos, a pasar décadas internada en un centro psiquiátrico. El jurado debe pronunciarse primero sobre el cargo más grave: asesinato en primer grado, que conlleva cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Si descartan el primer grado, deberán considerar otras opciones: asesinato en segundo grado, que también puede implicar cadena perpetua pero con posibilidad de libertad condicional y requiere que la muerte fuera deliberada aunque no premeditada; homicidio involuntario, que describe una muerte ilegal sin intención deliberada y puede acarrear hasta 20 años de prisión; o dictaminar que Clancy actuó bajo una enfermedad o defecto mental que la exime de responsabilidad penal, lo que conduciría a su internamiento en un hospital psiquiátrico.
