El proyecto dispone que los nuevos porcentajes se aplicarán un año después de la sanción. Modifica el régimen vigente y genera controversia sobre la participación de las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel.
El Senado debate este jueves una reforma del régimen de biocombustibles que propone aumentar de forma gradual los porcentajes de mezcla obligatoria con combustibles fósiles y cambiar las reglas de participación de las empresas que abastecen el mercado.
La iniciativa prevé que el bioetanol pase del actual 12% al 15% y que el corte obligatorio de biodiésel alcance el 10%. Ambos aumentos comenzarían a regir un año después de la eventual sanción de la ley.
La propuesta llegó al recinto tras semanas de negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques aliados, en especial por las dudas sobre el futuro de las pymes productoras de biodiésel y el mecanismo de apertura progresiva del mercado.
Qué cambia para el bioetanol
Durante el primer año se mantendría el corte vigente del 12% y, pasado ese plazo, se elevaría al 15%.
Dentro del 15% se reserva una participación específica para las principales materias primas: 6% para bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y 6% para el producido con maíz.
El 3% restante quedaría abierto a la competencia entre productores, con la intención de introducir mayor flexibilidad en el mercado. Además se incorporan mecanismos destinados a evitar una concentración excesiva del sector.
El cambio preocupa especialmente a las provincias vinculadas con la producción azucarera y maicera, porque un mayor corte en las naftas puede aumentar la demanda de materias primas y la necesidad de capacidad industrial.
Biodiésel: el punto más conflictivo
La discusión sobre el biodiésel fue más compleja y concentró las principales discrepancias.
El proyecto parte de un corte obligatorio del 7,5% y establece que, transcurridos 12 meses desde la sanción, ese porcentaje debe subir al 10%.
La diferencia con el bioetanol radica en el mecanismo de transición para las empresas no integradas, en particular las pymes que no forman parte de grandes grupos con participación en varias etapas de la cadena agroindustrial.
El esquema acordado contempla inicialmente una protección para esas empresas, pero establece una reducción progresiva de su participación en el segmento no integrado durante los años siguientes.
Cuando el corte alcance el 10%, las pymes no integradas tendrían reservado un equivalente al 6,5% del mercado. En 2029 ese cupo bajaría al 5,5%; en 2030 al 5%; y desde 2031 hasta fines de 2035 quedaría en 3 puntos porcentuales.
A partir de 2036 finalizaría ese período de transición y cesarían las reservas específicas previstas en este esquema.
Las pymes reclaman preservar su participación
Este punto generó fuertes diferencias entre el oficialismo y senadores aliados que responden a gobernadores de la Región Centro.
Las pequeñas y medianas productoras de biodiésel sostienen que necesitan mantener una participación mínima para poder competir frente a compañías de mayor escala e integración.
El reclamo fue especialmente relevante en provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, donde se concentra una parte significativa de la producción de biodiésel.
La falta de acuerdo sobre las condiciones para las pymes había motivado el aplazamiento de una sesión prevista, aunque la negociación permitió finalmente que el proyecto llegara al recinto; el tema sigue siendo objeto de debate.
Un nuevo esquema de mercado
Además de elevar los cortes, la reforma propone cambiar el funcionamiento del mercado de biocombustibles.
El texto busca reemplazar parte de los mecanismos de asignación actuales por procedimientos de licitación y mayor competencia, con el objetivo de transparentar la formación de precios y reducir la intervención discrecional del Estado.
La iniciativa también establece un período de transición hacia mecanismos de negociación entre privados, lo que implica una modificación relevante respecto del sistema vigente bajo la Ley 27.640.
Límites para evitar concentración
El proyecto incorpora restricciones destinadas a impedir que el crecimiento del mercado se concentre en pocas empresas.
Para el bioetanol, ninguna compañía podría superar el 20% del volumen correspondiente al mercado destinado al corte obligatorio, según el esquema acordado en el Senado.
En el caso del biodiésel, el período de transición incluye además límites sobre la participación de cada empresa dentro del segmento reservado a las compañías no integradas.
La intención declarada es combinar una mayor apertura y competencia con medidas que eviten que los productores de menor escala sean desplazados rápidamente por empresas integradas de mayor tamaño.
