La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional para que ejecute una medida cautelar que obliga a aplicar dos puntos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario: la actualización de los salarios de docentes y no docentes, y la recomposición de las becas estudiantiles.
La resolución fue dictada por el juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, que dio al Estado un plazo de cinco días para cumplirla. La decisión llega en medio de un paro nacional de tres días convocado por los gremios docentes.
“Intímese nuevamente al Estado Nacional –PEN- para que en el término de cinco (5) días cumpla con la medida cautelar, bajo apercibimiento de astreintes”, dice la resolución.
Cormick ya había intimado al Poder Ejecutivo el 22 de septiembre; tras la apelación del Gobierno amplió los fundamentos y ratificó la firmeza de la medida. Advirtió además que, si persiste el incumplimiento, podrá imponer astreintes (multas económicas).
Al analizar el cumplimiento del artículo 5° de la Ley 27.795, el juez reconoció que el Estado presentó avances formales —convocatorias a paritarias y órdenes de pago— pero consideró que esas acciones no alcanzan para dar cumplimiento efectivo.
El magistrado señaló que no está acreditado que el cálculo de los aumentos salariales se haya realizado conforme a las variables de ajuste previstas por la norma. Para medir el cumplimiento, el juzgado tomó como referencia la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y junio de 2026, que el INDEC fijó en 312,19%, y concluyó que no se advierte que los haberes del sector universitario hayan sido incrementados en esa proporción.
