La cuestión de las Malvinas debe recuperarse como una política de Estado. La cadena nacional del presidente Javier Milei, las controversias con sectores políticos chilenos y los recientes avances para profundizar vínculos comerciales entre Punta Arenas y las islas muestran que no se trata solo de una disputa histórica o diplomática, sino de un asunto geopolítico que involucra soberanía, recursos, control del Atlántico Sur, proyección antártica y posicionamiento estratégico a futuro.
Chile, según su Jefe de Estado, mantiene oficialmente su respaldo a los derechos soberanos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus aguas circundantes; eso debe reconocerse. Al mismo tiempo, no puede soslayarse que una empresa naviera chilena, junto con la corporación de desarrollo de las islas, impulsa una conexión marítima directa entre Punta Arenas y Puerto Argentino, mientras empresarios y funcionarios isleños participan en rondas comerciales en territorio chileno.
Una ruta logística regular no es neutral desde el punto de vista geopolítico: incrementa la conectividad, facilita el abastecimiento y contribuye objetivamente a la sostenibilidad económica de la ocupación británica.
La Argentina debe afrontar esta situación con inteligencia diplomática, utilizando todos los instrumentos jurídicos y políticos disponibles y, al mismo tiempo, manteniendo una relación madura con Chile. Evitar conflictos innecesarios no equivale a renunciar a la defensa de nuestros intereses.
La historia obliga a poner estos movimientos en perspectiva. Durante la guerra de 1982, el régimen de Augusto Pinochet cooperó con el Reino Unido en materia de inteligencia y apoyo operativo. Recordarlo no es trasladar responsabilidades históricas a la democracia chilena actual ni convertir a Chile en enemigo; es aceptar una regla elemental de las relaciones internacionales: los Estados actúan según sus intereses estratégicos. La Argentina debe actuar con la misma comprensión de sus propios intereses.
Es necesario entender que el extremo austral, el Atlántico Sur, las Malvinas, las rutas interoceánicas y la Antártida constituyen un único escenario estratégico cuya relevancia aumentará en las próximas décadas.
También corresponde asumir responsabilidades internas. Durante décadas la Defensa Nacional perdió capacidades, equipamiento, presupuesto operativo y, especialmente, poder de disuasión. Las administraciones kirchneristas tuvieron una responsabilidad política central en ese deterioro por años de desinversión, pérdida de capacidades y falta de una política sostenida de reequipamiento, lo que dejó al instrumento militar en niveles de operatividad insuficientes para las necesidades estratégicas del país.
Sin embargo, sería un error reducir un problema estratégico de largo plazo a una disputa partidaria. La Argentina necesita recomponer un poder militar convencional creíble, no para buscar la guerra, sino para prevenirla. La disuasión implica que cualquier actor que pretenda afectar nuestros intereses deba considerar que la Argentina dispone de capacidades reales para protegerlos.
En ese sentido, las Fuerzas Armadas son uno de los instrumentos de la política exterior nacional: diplomacia y defensa no son caminos contrapuestos sino dimensiones complementarias del poder del Estado.
Dentro de ese marco, la Base Naval Integrada de Ushuaia adquiere particular importancia. El proyecto, iniciado en la administración anterior, sufrió años de demoras y una ejecución insuficiente: el último dato oficial situó su avance físico general en apenas el 9,13%. Hoy el Gobierno ha expresado su decisión de reimpulsarlo.
Esa infraestructura debe ser realmente una política de Estado. Una base naval moderna en Ushuaia, acompañada de capacidades navales, aéreas, submarinas, logísticas, científicas, de vigilancia marítima y control aeroespacial, puede reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.
Pero esa infraestructura requiere medios, personal, tecnología y una estrategia permanente. Mientras otros actores fortalecen sus capacidades y conexiones en el Atlántico Sur, la Argentina no puede limitarse a observar el tablero: debe recuperar la capacidad de operar en él.
Defender las Malvinas no significa proclamar una guerra ni buscar enemigos; implica construir las condiciones para que la diplomacia argentina cuente con el respaldo de un Estado serio, respetado y capaz de defender sus intereses.
El derecho internacional ofrece el fundamento, la diplomacia construye acuerdos, el desarrollo genera autonomía, la Defensa aporta capacidad de disuasión y la presencia efectiva convierte esas capacidades en poder nacional.
Las Malvinas deben unir detrás de una política de Estado que trascienda gobiernos y generaciones. Un país que aspira a recuperar lo que considera suyo debe demostrar voluntad, presencia y capacidades para cuidar, fortalecer y defender todo lo que ya posee.
Solo entonces podremos hacer realidad aquello que, más allá de cualquier diferencia política, nos une como Nación: las Malvinas son argentinas
