La Libertad Avanza convocó un plenario de comisiones para el 14 de octubre con el objetivo de volver a introducir restricciones sobre la extranjerización de tierras rurales. La intención es restar apoyos a la sesión prevista para el día siguiente, en la que la oposición buscará rechazar el DNU 70/2023.
El oficialismo puso en marcha esta nueva maniobra parlamentaria para intentar desactivar la sesión especial convocada por la oposición para el 15 de octubre en la Cámara de Diputados. La propuesta propone reinstaurar límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una normativa que el Gobierno había eliminado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
La estrategia apunta a atender las demandas de bloques dialoguistas y evitar que acompañen el intento opositor de dejar sin efecto el megadecreto, una pieza clave de la política de desregulación del Ejecutivo encabezado por Javier Milei.
Para impulsar esa alternativa, La Libertad Avanza citó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para el miércoles 14 de octubre a las 16, con la conducción de los diputados Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, titulares de esas comisiones.
La Ley de Tierras, en el centro de la negociación
El oficialismo busca incorporar un capítulo sobre la Ley de Tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción en el Senado.
La iniciativa en discusión plantea restablecer límites porcentuales a la extranjerización de tierras rurales, aunque no volvería a aplicar el tope de 1.000 hectáreas en las zonas núcleo previsto por la ley anterior.
Esta propuesta marca un giro respecto de la política adoptada por el Gobierno desde diciembre de 2023: el artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley 26.737, que regulaba la adquisición y tenencia de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
La modificación de ese régimen había generado ya fricciones con aliados. En el Senado, el capítulo que flexibilizaba la venta de tierras a extranjeros fue retirado del proyecto de Inviolabilidad ante la falta de consenso y las críticas recibidas.
La oposición busca reunir el quórum
La sesión solicitada para el 15 de octubre tiene como objetivo principal avanzar contra el DNU 70/2023. El temario incluye, además, iniciativas sobre emergencia en discapacidad y medidas para aliviar el sobreendeudamiento familiar.
Para abrir el debate en Diputados la oposición necesita reunir 129 miembros, la mayoría absoluta. En las últimas horas varios bloques confirmaron su intención de participar y comenzaron a sondear apoyos entre legisladores con una postura dialoguista hacia el Gobierno.
Entre quienes anticiparon asistencia figuran representantes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, algunos radicales críticos y diputados provinciales. El diputado Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, confirmó que concurrirá junto a Fernando Monguillot y Fernanda Ávila, y se mencionaron posibles adhesiones de legisladores cordobeses y otros bloques provinciales. La cantidad final de presentes dependerá de las decisiones de cada diputado en el momento de la sesión.
La reacción de los bloques dialoguistas
La discusión sobre la propiedad de tierras rurales se transformó en un punto de negociación entre La Libertad Avanza y los espacios que suelen acompañar algunas iniciativas del Ejecutivo pero mantienen discrepancias en temas puntuales.
El oficialismo confía en que la convocatoria para debatir nuevas restricciones satisfaga en parte las demandas de esos bloques y reduzca su disposición a participar en una sesión que podría poner en riesgo la vigencia del DNU. Desde la oposición, en cambio, interpretan el cambio de estrategia como un intento de recuperar el control de la agenda parlamentaria; legisladores opositores criticaron la convocatoria, al considerar que responde al riesgo de perder quórum.
El fallo de la Corte Suprema reabrió el conflicto
La disputa se reavivó tras una resolución de la Corte Suprema del 29 de septiembre que dejó sin efecto una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) contra la derogación de la Ley de Tierras.
La Corte consideró que esa organización no tenía legitimación procesal para ese planteo, lo que habilitó la aplicación del artículo del DNU que derogó las restricciones a la extranjerización. A partir de esa decisión se promovieron nuevas presentaciones judiciales, entre ellas iniciativas impulsadas por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades mapuches y la legisladora Magdalena Odarda, cuyo curso podría incidir en el entorno parlamentario.
Una disputa que excede la cuestión de las tierras
La negociación sobre la Ley de Tierras forma parte de una disputa más amplia por la continuidad del DNU 70/2023, que contiene reformas en varios aspectos de la economía y la gestión pública.
Para el Gobierno resulta clave impedir que Diputados rechace el decreto y así sostener su programa de desregulación. Para la oposición, la sesión del 15 de octubre es una oportunidad para intentar dar marcha atrás con una norma que ya había sido cuestionada en el Senado. La convocatoria al plenario del día anterior busca alterar ese equilibrio; el resultado dependerá del alcance del acuerdo sobre tierras rurales y de la capacidad de los distintos sectores para reunir apoyos en el recinto.
Por ahora, el oficialismo procura ganar tiempo y recuperar respaldo entre sus aliados, mientras la oposición se concentra en asegurar el quórum necesario para una sesión que puede convertirse en una de las principales pruebas parlamentarias del mes.
