El ataque con un dron contra un centro de desplazados en Wad Al Mahi (sureste de Sudán) que, según informes, causó la muerte de al menos 24 mujeres y cuatro niños —y que las autoridades locales atribuyen a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)— fue condenado hoy por la Coordinadora Humanitaria de la ONU en Sudán, Denise Brown.
Brown subrayó la necesidad de condenar estas muertes sin sentido y de exigir responsabilidades por lo que calificó como un flagrante desprecio por el derecho internacional humanitario. Recordó que las víctimas y otras personas presentes en el centro habían huido de sus hogares debido a las recientes hostilidades en las localidades de Geissan y Kurmuk, en el estado del Nilo Azul, donde el Ejército regular y las FAR mantienen combates desde abril de 2023.
El comunicado de la ONU indica que diversas zonas del estado del Nilo Azul han sufrido ataques continuos en las últimas semanas, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de civiles y ha expuesto a muchos más a la muerte, a daños directos y a un aumento de las penurias humanitarias.
El gobernador de Wad al Mahi, Mahjub al Sheij, declaró en la televisión estatal que el dron, atribuido a las FAR, atacó un albergue para desplazados y ocasionó la muerte de 26 mujeres y cuatro niños, cifra aportada por las autoridades locales. Al Sheij calificó la agresión de “cobarde” y el gobierno regional advirtió que atacar albergues para desplazados agrava una situación humanitaria ya extremadamente precaria.
El ataque se produjo en un contexto de escalada militar en el Nilo Azul, donde las fuerzas gubernamentales han anunciado avances en localidades cercanas a la frontera con Etiopía. Las autoridades locales llamaron a las organizaciones humanitarias y a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad en la protección de los desplazados. Sudán enfrenta, desde el inicio del conflicto entre las FAR y el Ejército regular el 15 de abril de 2023, la que la ONU considera la peor crisis humanitaria y de desplazamiento del mundo: decenas de miles de muertos —150.000 según EEUU— y más de 14 millones de personas desplazadas, según Naciones Unidas.
Brown concluyó que, a medida que continúa la guerra, la comunidad internacional permite que persista el sufrimiento del pueblo sudanés, y recordó que el derecho internacional humanitario es un marco jurídico vinculante que, cuando se respeta, protege a los civiles así como al personal humanitario y sanitario que les presta asistencia.
