El diputado de Unión por la Patria criticó el programa anunciado por Luis Caputo, que propone otorgar la nacionalidad argentina a cambio de aportes económicos desde 350.000 dólares. Advirtió sobre sus posibles efectos en la soberanía y en las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.
El diputado nacional Agustín Rossi cuestionó la iniciativa del Gobierno de Javier Milei, señalando que habilita la obtención de la nacionalidad mediante aportes financieros. Vinculó además la medida con las reformas impulsadas por el oficialismo en materia de propiedad de tierras y estrategias para atraer capitales extranjeros.
Las críticas surgieron después del anuncio realizado en París por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli. El Programa de Ciudadanía por Inversión ofrecería distintas alternativas financieras para que extranjeros soliciten la nacionalidad argentina.
En declaraciones radiales, Rossi afirmó que el esquema permitiría acceder a la ciudadanía con un aporte de 350.000 dólares para inversores individuales y hasta 500.000 dólares para grupos familiares. Cuestionó que el plan no exija residencia previa y advirtió sobre sus implicaciones jurídicas y políticas.
Los montos y las condiciones del programa
El Gobierno propuso dos vías principales: un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro o la suscripción de un título público por 800.000 dólares creado para el programa.
La oferta incluye condiciones distintas para integrantes del grupo familiar del solicitante principal. Según lo informado oficialmente, las solicitudes estarán sujetas a controles de identidad, verificación de antecedentes y de la procedencia de los fondos, además de evaluaciones por parte de los organismos competentes.
La administración presenta la iniciativa como una herramienta para atraer inversiones y fortalecer la integración internacional de la economía argentina. Se prevé que el programa comience a recibir solicitudes en el cuarto trimestre de 2026.
No obstante, el mecanismo generó un debate sobre los requisitos para acceder a la nacionalidad y sobre el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo para establecer nuevas condiciones de naturalización.
La advertencia por la compra de tierras
Rossi advirtió sobre las posibles consecuencias del programa respecto a las limitaciones existentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Señaló que una persona que obtenga la ciudadanía mediante este mecanismo podría quedar en una situación distinta frente a los límites fijados para propietarios extranjeros, por lo que la iniciativa podría facilitar eludir esas restricciones.
La advertencia llega en un contexto en el que el oficialismo impulsa cambios relacionados con la propiedad privada y el régimen de tierras. Para la oposición, la combinación de estas políticas podría afectar el control de territorios estratégicos y recursos naturales.
El impacto real dependerá de la normativa aplicable, de las condiciones concretas del programa y de la interpretación de las disposiciones vigentes.
La oposición busca frenar la iniciativa
Rossi y la diputada Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley para prohibir otorgar la ciudadanía argentina por naturalización a cambio de pagos, aportes, donaciones, inversiones, adquisición de bienes o suscripción de títulos públicos o privados.
La propuesta pretende modificar la Ley de Ciudadanía para establecer expresamente que ninguna contraprestación económica pueda sustituir los requisitos legales de naturalización. Forma parte de la estrategia opositora para cuestionar el esquema en el Congreso.
El debate también pone en discusión la relación entre las facultades del Poder Ejecutivo y las atribuciones del Legislativo en materia de ciudadanía, un asunto relevante por los derechos políticos asociados a la nacionalidad.
Soberanía y atracción de inversiones
La controversia enfrenta dos posiciones: el Gobierno sostiene que el programa puede captar capitales internacionales, mientras que sus críticos rechazan que la nacionalidad quede vinculada a una contraprestación económica y advierten sobre posibles efectos jurídicos y patrimoniales.
Para Rossi, la ciudadanía no debe convertirse en un instrumento comercial y su regulación debe contemplar tanto los requisitos legales como las implicancias para la soberanía nacional.
La discusión continuará en el ámbito legislativo, donde la oposición intentará modificar o derogar las disposiciones que habilitan el mecanismo. El resultado determinará el futuro del programa y el alcance de las condiciones que el Estado argentino podrá establecer para la naturalización.
