En el verano de 2024, el 20 de agosto, agentes lituanos encontraron en una antigua tumba del cementerio de Kaunas, bajo flores artificiales, varias latas de maíz que ocultaban explosivos. El hallazgo siguió a una advertencia procedente de Polonia sobre artefactos escondidos en envases metálicos. Más tarde se localizaron otros dispositivos similares en distintos puntos del país: latas provistas de placas metálicas y hendiduras circulares, capaces —según las descripciones— de provocar una explosión equivalente a la de cuatro granadas de mano.
Estos detalles fueron publicados por una red de investigación de medios internacionales como POLITICO, Die Welt, Bild y The Telegraph. Ese mismo verano, el 4 de agosto, se encontró en Alemania otra lata de características semejantes: estaba sujeta a un dron que chocó contra el ala de un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig y posteriormente cayó a la pista. El envase llevaba explosivos parecidos a los hallados en Lituania y, afortunadamente, no llegó a detonar.
El ataque del dron en Leipzig fue condenado por el canciller alemán, Friedrich Merz, y la investigación oficial atribuyó el autor del incidente a Rusia. La reacción alemana, más directa de lo habitual hacia Moscú, fue seguida por denuncias similares de la OTAN y provocó una reacción de alarma en otras capitales europeas.
En los despachos de Bruselas, la rápida atribución alemana sonó como una señal de alarma, y se combinó con otra crisis reciente en el sur de Europa: la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta el 30 de julio. Esa concatenación de hechos generó sensaciones de desconcierto y preocupación entre los responsables europeos.
Transcurridos más de dos meses, siguen existiendo muchas incógnitas en las instituciones comunitarias, que trabajan para extraer lecciones de lo ocurrido y preparar respuestas adecuadas.
El peor escenario posible se ha materializado: Europa afronta un conflicto que ya supera los cuatro años y medio y que, además de las operaciones convencionales entre Rusia y Ucrania, se manifiesta como una amenaza híbrida dirigida a países de la Unión Europea. Los incidentes se multiplican y adoptan diversas formas —ciberataques, sabotajes y campañas de desinformación—, con un potencial impacto especial en Estados con procesos electorales próximos, como España.
La estrategia observada muestra la preferencia por operar en la zona gris: en lugar de enviar agentes estatales, por el riesgo de detención y la pérdida de personal experimentado, se recurre a intermediarios y a personas reclutadas en terceros países a través de internet, dificultando su detección por las contrainteligencias europeas. Según la BBC, el 95% de las 172 personas vinculadas a ataques relacionados con Rusia en Europa eran ciudadanos corrientes sin un vínculo formal con los servicios de inteligencia rusos.
La hostilidad y el alcance de estas acciones han llevado a instituciones europeas a contemplar la posibilidad de un ataque híbrido con víctimas mortales. “Tenemos que estar preparados para algo grave”, declaró un alto diplomático europeo a POLITICO. Otra fuente comunitaria señaló que, dada la magnitud de las operaciones, es inevitable que pronto pueda haber víctimas: “es pura suerte que todavía no las haya”.
La situación recuerda, en ciertos aspectos, la Guerra Fría y el miedo a que una escalada cause víctimas civiles. En este contexto surge una pregunta clave para la sociedad europea: ¿cuántas muertes estaría dispuesta a aceptar y cuál sería la respuesta política y estratégica frente a ellas?
