Agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ejecutaron una orden de registro en la residencia en Washington de la congresista demócrata Ilhan Omar. Es inusual que fuerzas federales realicen ese tipo de operaciones contra un miembro del Congreso, y más aún a pocas semanas de unas elecciones: por lo general el Departamento de Justicia evita medidas de esta magnitud en los dos meses previos a una votación para no generar la percepción de injerencia política.
La actuación se produjo después de que el propio DHS confirmara que investigaba a Omar por presuntas irregularidades en documentos y trámites migratorios relacionados con su familia. Según The New York Times, la pesquisa se habría ampliado para revisar cuentas personales y de campaña, así como interacciones con un ciudadano extranjero. La orden de registro menciona posibles delitos migratorios, entre ellos declaraciones falsas, fraude documental y un cargo general de conspiración, vinculados al papeleo presentado por sus padres cuando ella era niña.
Omar respondió en sus redes asegurando que está bien y calificando la operación como un intento de atacar a rivales políticos y de instrumentalizar a las fuerzas federales. Afirmó que lleva años siendo objeto de ataques por parte de Donald Trump y declaró que no se dejará intimidar. La congresista se presenta a la reelección el 3 de noviembre.
Los líderes demócratas en el Congreso emitieron un comunicado conjunto denunciando el allanamiento como un hecho profundamente preocupante y una muestra de abuso de poder, y exigieron transparencia y rendición de cuentas al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia, especialmente a menos de 30 días de las elecciones de mitad de mandato.
Pasado en campos de refugiados
Omar nació en Somalia y huyó con su familia de la guerra civil. Tras pasar por campos de refugiados en Kenia llegó a Estados Unidos como refugiada; creció y se educó en Minnesota, donde reside una gran comunidad somalí. Fue la primera mujer de color elegida para el escaño por ese estado y es una de las dos únicas congresistas musulmanas en la historia del país. Desde hace años es blanco frecuente de ataques del expresidente Trump, que la ha acusado con insultos y afirmaciones sin pruebas; Omar ha denunciado amenazas de muerte y sufrió una agresión en un acto meses atrás.
Los ataques de Trump han combinado críticas a las mujeres, a los demócratas, a la comunidad somalí y al propio estado de Minnesota, y forman parte del discurso que busca movilizar electores en estas legislativas: presentar a migrantes somalíes como delincuentes o defraudadores, denunciar supuestos encubrimientos demócratas y defender operaciones de deportación y de agencias como el ICE. En ese contexto, el secretario de Seguridad Nacional nombrado por Trump, Markwayne Mullin, llegó a sugerir recientemente que la investigación podría terminar en la deportación de la congresista.
En Estados Unidos existen normas no escritas que desalientan operaciones policiales de alto perfil en periodos electorales, salvo motivos como riesgo de fuga o destrucción de pruebas. En años recientes se han citado precedentes en los que investigaciones o procesos se moderaron por su proximidad a votaciones. También ha habido controversias sobre cuándo presentar documentos judiciales antes de comicios, como ocurrió en 2024 con el fiscal especial Jack Smith, cuya actuación fue cuestionada por los abogados de Trump.
Alexandria Ocasio-Cortez, voz destacada del ala progresista demócrata, criticó la maniobra y mostró su apoyo a Omar, calificando el allanamiento de abuso de poder y afirmando que no lo aceptarán sin respuesta.
