Fue el primer enfrentamiento político entre ambos y puede considerarse un empate técnico. Gustavo Petro no reunió a los millones que había anunciado, aunque sí movilizó a varios miles de personas convocadas por su partido y por sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores y Fecode. Las marchas en distintas ciudades protestaron por medidas que el gobierno actual no tiene previsto adoptar y por el aumento sostenido del costo de la canasta familiar.
El expresidente había insistido en los presuntos efectos negativos de una eventual reducción del salario mínimo, que él elevó un 23%, pese a que el mandatario actual ya había indicado que no planea bajarlo. Petro buscaba además mostrar fuerza política frente a su sucesor, a quien no ha reconocido como ganador y a quien, junto con Iván Cepeda, ha calificado con términos duros.
En un video difundido en redes sociales, Petro denunció riesgos ambientales y económicos vinculados a la explotación de recursos y pidió a “millones de colombianos y colombianas” salir a las calles para manifestarse contra políticas que, según él, favorecen intereses extranjeros sobre el bienestar local.
Aunque se esperaba que hablara durante las concentraciones del miércoles, prefirió no intervenir desde la tarima y no ofreció explicaciones públicas sobre esa decisión.
La protesta coincidió con la entrada en vigor de un decreto firmado por De la Espriella para regular la protesta social. El presidente dijo que quienes llaman a bloquear y a incendiar el país son quienes, según su versión, provocaron el daño económico y fortalecieron a grupos armados. Durante la jornada, el gobierno instaló un Puesto de Mando Unificado en la Casa de Nariño para monitorear las movilizaciones y afirmó que el derecho a protestar debe compatibilizarse con el derecho a trabajar, estudiar y vivir en paz. Hubo algunos episodios de violencia protagonizados por vándalos encapuchados.
La oposición interpretó el decreto y las declaraciones presidenciales como una señal de desconfianza hacia la protesta ciudadana. Líderes del Pacto Histórico denunciaron la presencia de francotiradores militares en los techos del edificio del Senado, en la Plaza Simón Bolívar, y hablaron de intimidación. La senadora Jennifer Pedraza afirmó que la situación no tiene precedentes recientes y criticó la actuación de los uniformados. El presidente del Senado, Honorio Enríquez, explicó que el despliegue había sido solicitado por el equipo de seguridad de Petro y que a este se le había cedido el lugar. Petro, por su parte, ha manifestado temor a posibles atentados.
Quienes apoyan al nuevo gobierno consideran que las protestas fueron apresuradas, dado que De la Espriella lleva poco más de dos meses en el cargo y asumió una situación fiscal y de seguridad complicada: una deuda pública equivalente al 66% del PIB, el crecimiento de las grandes bandas criminales —que, según FIP e Indepaz, aumentaron un 23% hasta situarse en aproximadamente 27.000 miembros— y numerosos casos de corrupción. Las auditorías forenses ordenadas por el presidente detectaron contratos otorgados sin controles, nóminas paralelas y otras irregularidades administrativas.
A esos problemas fiscales y de inseguridad se sumó la grave crisis del sistema de salud y, sobre todo, el terremoto del 10 de agosto, que afectó cerca de 500 municipios y alrededor de 300.000 familias. Las cifras oficiales señalan 36.468 viviendas destruidas y 207.889 que requieren reparaciones, además de 4.403 instituciones educativas y 402 hospitales con daños que exigen reconstrucción. La magnitud del desastre llevó al alcalde de Cali, Alejandro Eder, a estimar que la recuperación de la ciudad tomará varios años.
Hay municipios, como El Cairo en el Valle del Cauca, cuya economía depende del turismo y que quedaron casi totalmente devastados. Para los seguidores de De la Espriella, ese contexto de emergencia y recuperación no fue suficientemente considerado por quienes organizaron las movilizaciones.
Desde una vista aérea de una columna numerosa en Bogotá, Petro publicó: “Si Abelardo es inteligente, ya sabe qué pasa si no reacciona”, en alusión a la capacidad de presión política que buscan mantener sus partidarios.
