El oficialismo impidió que en Diputados se debatiera el rechazo al DNU 70/2023, mientras miles de personas se concentraron frente al Congreso en defensa de la universidad pública y de los derechos de las personas con discapacidad. Durante la protesta, las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y camiones hidrantes, lo que forzó la suspensión del acto central.
El jueves 15 de octubre tuvo lugar una jornada con dos hechos simultáneos frente al Congreso: la oposición no logró abrir la sesión en la Cámara de Diputados y, al mismo tiempo, se realizó una numerosa movilización que reunió a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, organizaciones sociales, personas con discapacidad y familias afectadas por deudas.
La bancada de Javier Milei bloqueó el tratamiento para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 luego de que la sesión especial convocada por la oposición fracasara por falta de quórum. Horas más tarde, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes y lanzaron gases lacrimógenos, afectando incluso a quienes asistían al acto principal.
La protesta había sido convocada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigir respuestas frente al deterioro presupuestario y salarial de las casas de estudio. También participaron otros sectores críticos de las políticas del Gobierno nacional.
El oficialismo bloqueó el debate por el DNU 70/2023
La sesión especial en Diputados no pudo comenzar porque se registraron 121 legisladores presentes, ocho menos de los 129 necesarios para alcanzar el quórum. La oposición intentaba avanzar con la aprobación del rechazo al decreto de desregulación económica, cuya impugnación ya había sido aprobada por el Senado en 2024.
El resultado fue una victoria parlamentaria para La Libertad Avanza, que contó con el apoyo de bloques aliados y se benefició de ausencias de representantes de distintos espacios provinciales.
La falta de quórum también impidió el tratamiento de iniciativas vinculadas con la emergencia en discapacidad y otras demandas que los sectores movilizados habían llevado hasta las inmediaciones del Congreso.
Esta decisión generó malestar entre quienes esperaban una respuesta legislativa. Representantes de instituciones de educación especial, profesionales y familiares denunciaron que el incumplimiento de las normas vigentes agrava las dificultades para sostener tratamientos, acompañamientos y servicios esenciales.
La comunidad universitaria marchó bajo la lluvia
La quinta Marcha Federal Universitaria congregó a estudiantes, graduados, docentes y trabajadores no docentes que reclamaron que el Gobierno cumpla la ley de financiamiento universitario y acate las decisiones judiciales relacionadas con su aplicación.
La protesta se centralizó en la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores, donde las columnas se reunieron desde temprano. A pesar de la lluvia, los manifestantes mantuvieron la convocatoria y participaron en el acto central, durante el cual se leyó un documento consensuado por la comunidad universitaria.
Los reclamos incluyeron la recomposición de los salarios docentes y no docentes, mayor financiación para las universidades públicas y la continuidad de las becas estudiantiles. Desde el sector advirtieron que la situación presupuestaria y salarial pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones y la calidad de la enseñanza.
La movilización también buscó visibilizar el rechazo a las medidas de ajuste y reafirmar el apoyo a la educación pública como motor de formación profesional, investigación científica y desarrollo nacional.
Gases lacrimógenos y camiones hidrantes
La tensión creció durante la tarde, cuando se desarrollaba el acto central. En la zona de Callao y Rivadavia, efectivos de seguridad emplearon gases lacrimógenos y chorros de agua a presión contra los manifestantes.
Según las crónicas del día, un grupo reducido de personas encapuchadas protagonizó incidentes cerca del vallado del Congreso. En ese marco se produjo el avance policial, cuyos efectos afectaron a estudiantes, docentes, trabajadores y otras personas presentes en la movilización.
Los gases llegaron hasta sectores cercanos al escenario mientras se leía el documento universitario. La situación obligó a los organizadores a dar por finalizado el acto antes de lo previsto e iniciar la desconcentración.
Algunos manifestantes denunciaron haber sido alcanzados por cartuchos de gas lacrimógeno. La intervención policial interrumpió una jornada que hasta entonces había estado centrada en reclamos educativos y sociales.
Las personas con discapacidad reclamaron el cumplimiento de la ley
Uno de los grupos presentes desde temprano fue el colectivo de personas con discapacidad, acompañado por familiares, profesionales y representantes de instituciones especializadas.
El reclamo principal se centró en las dificultades para sostener las prestaciones y en las demoras en los pagos a los prestadores. Según denunciaron referentes del sector, la situación pone en riesgo la continuidad de tratamientos, procesos de rehabilitación y apoyos indispensables para cientos de miles de personas.
Desde una institución de educación especial de Monte Grande alertaron que algunos establecimientos están al borde del cierre por problemas económicos. También señalaron que el incumplimiento de distintos puntos de la normativa deja sin respuestas adecuadas a las personas que necesitan asistencia.
La preocupación alcanzó a las familias, que afrontan gastos de transporte, tratamientos y cuidados en un contexto económico complejo. Durante la protesta, profesionales y acompañantes terapéuticos cuestionaron las ausencias legislativas que impidieron abrir la sesión y exigieron respuestas concretas al Gobierno y al Congreso.
El endeudamiento también tuvo su lugar en la protesta
La movilización también reunió a personas que enfrentan dificultades para cubrir gastos cotidianos y que han recurrido a crédito mediante billeteras virtuales y otros mecanismos de financiación.
Entre los testimonios recogidos estuvo el de una madre de cinco hijos, dos con discapacidad, que pidió un préstamo para costear los viajes al hospital de uno de sus hijos. Explicó que una deuda inicial de 40.000 pesos creció hasta superar los 400.000 por intereses y cargos acumulados.
Su caso ejemplificó una de las problemáticas que los manifestantes quisieron visibilizar: la necesidad de recurrir al crédito para cubrir necesidades básicas y la dificultad posterior para afrontar los pagos.
Las columnas de personas endeudadas se sumaron a los reclamos del sector universitario y del colectivo de discapacidad, en una jornada marcada por demandas sociales diversas.
Una jornada de tensión política y social
El fracaso de la sesión legislativa y la intervención policial dejaron un saldo de fuerte confrontación política en las inmediaciones del Congreso.
Mientras el oficialismo logró impedir que Diputados avanzara con el rechazo al DNU 70/2023, los sectores movilizados denunciaron la falta de respuestas a sus demandas y cuestionaron tanto las ausencias en el recinto como el operativo de seguridad.
La jornada volvió a poner en el centro del debate el financiamiento de las universidades públicas, la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad y el impacto de las políticas económicas sobre distintos sectores de la sociedad.
La quinta Marcha Federal Universitaria concluyó con el acto interrumpido por el uso de gases y una desconcentración marcada por la lluvia y la tensión. No obstante, los reclamos permanecen abiertos y los manifestantes anunciaron que continuarán exigiendo el cumplimiento de las leyes y respuestas para las instituciones y las familias afectadas.
