Los policías antidisturbios podrán volver a usar las polémicas granadas aturdidoras en más de 500 manifestaciones previstas en Francia el 17 de octubre si se producen actos de violencia grave en las grandes ciudades, advirtió el ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras reunirse el martes con los prefectos del país ante la jornada crítica de protestas estudiantiles y el anunciado retorno de los “chalecos amarillos”.
Estas granadas aturdidoras —dispositivos que emiten un fuerte sonido que desorienta— habían sido suspendidas temporalmente después del incidente de la semana pasada en Lens, en el que un estudiante perdió una mano al intentar devolver una de ellas contra la policía. Nuñez comunicó la suspensión horas después de una reunión urgente convocada por el presidente Emmanuel Macron, que pidió “ética y proporcionalidad” en la actuación ante las protestas estudiantiles.
“Los policías y gendarmes podrán utilizar el conjunto de armas intermedias a su disposición”, declaró Nuñez a la cadena France 2 en respuesta a las críticas por la represión policial. “Y eso incluye desde las granadas lacrimógenas hasta el lanzador de pelotas de defensa (LBD) en contextos de extrema dificultad, cuando la situación deriva en violencia urbana o disturbios”.
El uso excesivo del lanzador de pelotas de defensa, al que se atribuye la pérdida de un ojo de un estudiante, también ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos que han criticado la “represión policial”. En las últimas tres semanas se han contabilizado más de 9.000 detenidos y alrededor de un millar de heridos: 930 policías, 147 profesores y directores de institutos y más de un centenar de estudiantes.
“Esto ya no parece un movimiento estudiantil, sino más bien un movimiento de violencia urbana”, afirmó el jueves el primer ministro Sébastien Lecornu, que indicó que 200 de los 3.700 institutos del país registran “episodios de violencia persistente, a menudo protagonizados por personas ajenas a los centros”.
“Hay que distinguir claramente entre la violencia urbana y las reivindicaciones legítimas”, recalcó Lecornu. “Últimamente nos resulta difícil celebrar una manifestación en este país sin que se infiltren grupos violentos, especialmente de extrema izquierda y, en ocasiones, de extrema derecha”.
El sindicato policial Alliance anunció, por su parte, que denunciará al Gobierno “por poner en peligro la vida de terceros”. En un comunicado, el sindicato criticó que, tras la muestra de empatía hacia algunos manifestantes y el enfoque constructivo del jefe del Estado, ahora existen instrucciones vagas, órdenes contradictorias y una retórica vacía. “Sobre el terreno, la realidad es muy distinta: los agentes quedan aislados, traicionados y abandonados, expuestos a la violencia y a las represalias”, señaló.
