Tras seis años de investigación, el expediente contra el exintendente Waldomiro Dos Santos y dos exfuncionarios fue enviado al Tribunal Penal 1 de Oberá. La pesquisa, iniciada en 2020 por la gestión de Fabián Rodríguez, se centra en presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias del municipio y discrepancias entre los pagos de compradores y los registros administrativos.
Dos Santos, el exsecretario de Hacienda Hugo Rubén Barovicz y el exjefe de Recaudaciones Juan Néstor Ladomiro están imputados por presunta malversación de caudales públicos y por violación de los deberes de funcionario público, en concurso real. La elevación a juicio no implica resolución sobre su culpabilidad; esa determinación corresponderá al tribunal en el juicio oral y público.
La remisión quedó formalizada mediante un oficio fechado el 28 de septiembre de 2026, firmado digitalmente por el juez de Instrucción 3 de San Vicente, Gerardo Alberto Casco, y por Valeria del Mar Rojas. El expediente principal (n.o 63448/2020) consta de cuatro cuerpos y 785 fojas, además de distintos incidentes acumulados durante la instrucción.
El origen de la denuncia
El caso fue denunciado en julio de 2020, en los primeros meses de la gestión municipal de Fabián Rodríguez, cuando su administración revisó operaciones realizadas durante el mandato anterior. La presentación apuntó a ventas de terrenos municipales, en particular remanentes de la antigua traza de la ruta nacional 14, y señaló posibles maniobras irregulares.
La denuncia se dirigió contra Dos Santos —que dejó la intendencia en diciembre de 2019— y dos de sus excolaboradores. Según lo denunciado, en algunas operaciones los compradores habrían abonado los inmuebles y recibido comprobantes, pero en el sistema de recaudación municipal figuraban posteriormente recibos anulados.
La gestión entrante advirtió que pagos realizados por particulares no se reflejaban como ingresos municipales. También se señalaron diferencias entre la documentación disponible y los registros contables, y la falta de comprobantes administrativos para ciertas transacciones.
El 6 de julio de 2020 el municipio presentó una denuncia penal y ese mismo día concejales de diversas fuerzas realizaron otra presentación, solicitando la detención de los involucrados —una medida que debía ser evaluada por la Justicia.
Al día siguiente, Dos Santos se presentó ante el Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente acompañado por sus abogados y manifestó su disposición a comparecer para esclarecer los hechos.
Nuevas presentaciones y otros movimientos bajo sospecha
En los meses siguientes se sumaron otras denuncias relacionadas con la recaudación municipal. En septiembre de 2020 la administración informó sobre una nueva presentación contra los mismos exfuncionarios por presuntas irregularidades en tributos municipales.
Según la documentación difundida en ese momento, un contribuyente que había presentado un recibo de pago y un certificado de libre deuda recibió luego una intimación por una obligación que consideraba cancelada. La revisión administrativa detectó un comprobante anulado por 280.000 pesos y diferencias entre los registros del sistema de recaudación y las planillas de caja.
La presentación señaló que el mecanismo observado era similar al denunciado en las ventas de terrenos, aunque correspondía a hechos distintos: uno vinculado a ingresos tributarios y otro a operaciones inmobiliarias.
En septiembre también se presentó otra denuncia sobre la venta de un terreno remanente de la antigua ruta nacional 14. En ese caso, un vecino exhibió documentación de la operación, un recibo por 402.130 pesos y la escritura de la propiedad adquirida al municipio, y el intendente volvió a solicitar la detención de los denunciados.
Estos antecedentes, publicados por San Vicente Informa durante 2020, integran la sucesión de presentaciones que dieron lugar a la investigación, aunque cada denuncia debe diferenciarse de la acusación concreta que será juzgada.
La investigación avanzó en 2023
En marzo de 2023 el juzgado citó a indagatoria a los exfuncionarios. Dos Santos se presentó el 20 de marzo y decidió abstenerse de declarar, en ejercicio de su derecho constitucional. La pesquisa quedó encuadrada en los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público, en concurso real, y los imputados continuaron en libertad mientras avanzaba el proceso.
La denuncia original consignó operaciones cuestionadas por un total de 3.636.305 pesos, según los valores de 2020. Esa cifra corresponde a lo expresado en la presentación inicial y no constituye una valoración definitiva ni actualizada del eventual perjuicio económico.
Otros antecedentes de la administración anterior
Las actuaciones por las ventas de terrenos no fueron las únicas observaciones contra la gestión de Dos Santos. En marzo de 2024 el Tribunal de Cuentas de Misiones impuso sanciones económicas al exintendente y a varios exfuncionarios por irregularidades detectadas en la administración municipal.
Ese procedimiento incluyó cargos por alrededor de 31 millones de pesos y multas por 660.000 pesos para Dos Santos y Barovicz, por faltantes patrimoniales, deficiencias documentales, irregularidades administrativas y problemas en rendiciones de cuentas.
Además, en agosto de 2020 se publicó una investigación sobre un presunto sobreprecio en la compra de una motoniveladora durante la administración anterior; ese hecho es distinto y no debe confundirse con la causa penal por las ventas de terrenos.
De la denuncia al futuro juicio
Con la remisión del expediente al Tribunal Penal 1 de Oberá, la causa supera la etapa de instrucción y pasa a la instancia en la que se analizarán las acusaciones y las pruebas reunidas. El proceso comenzó con la denuncia municipal de julio de 2020, continuó con nuevas presentaciones y las indagatorias de 2023, y ahora avanzará hacia el juicio.
Corresponde al tribunal determinar si las conductas atribuidas a Dos Santos, Barovicz y Ladomiro encuadran en los delitos imputados. La elevación a juicio constituye un avance procesal tras seis años de investigación, pero la responsabilidad penal se decidirá en el debate judicial.
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