El Gobierno anunció un programa para que extranjeros soliciten la ciudadanía mediante aportes desde US$350.000. La iniciativa busca captar divisas, pero genera dudas sobre los controles, la igualdad de acceso a la nacionalidad y sus posibles efectos sobre la propiedad rural.

Argentina presentó un Programa de Ciudadanía por Inversión, conocido como “pasaporte de oro”, que permitirá solicitar la nacionalidad argentina mediante determinadas contribuciones económicas. El anuncio volvió a poner en discusión qué requisitos deben exigirse para acceder a la ciudadanía y cómo podría relacionarse este mecanismo con las restricciones a la compra de tierras por extranjeros.

Según el anuncio oficial del 2 de octubre, las alternativas serán realizar un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o suscribir un título público de US$800.000, creado para el programa. El Gobierno prevé recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.

Cómo funcionaría

La vía de ciudadanía por inversión fue incorporada mediante el DNU 366/2025 y su procedimiento fue reglamentado por el Decreto 524/2025. El régimen contempla solicitudes por inversiones consideradas relevantes, independientemente del tiempo de residencia del postulante.

El desembolso no garantiza la aprobación. La reglamentación establece una evaluación de la inversión y consultas a organismos de seguridad y control financiero. La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión debe emitir una recomendación, mientras que la decisión corresponde a la Dirección Nacional de Migraciones.

Qué beneficios podría aportar

Para el Estado, el beneficio más directo sería obtener recursos en moneda extranjera: los aportes no reembolsables ingresarían al Tesoro y la suscripción de bonos aportaría financiamiento. El Gobierno sostiene que los fondos contribuirán a fortalecer la posición fiscal y financiera del país.

Para los solicitantes, el atractivo sería acceder a la ciudadanía argentina mediante una vía vinculada con su capacidad de inversión. También podría favorecer futuros vínculos económicos con el país. Sin embargo, ese efecto es una posibilidad: captar dinero mediante aportes o bonos no garantiza, por sí mismo, nuevas fábricas, empleos o inversiones productivas.

Los cuestionamientos y riesgos

Una de las principales discusiones es si resulta adecuado vincular el acceso a la nacionalidad con el patrimonio. Quienes cuestionan el esquema advierten que crea una vía especial para personas con mayores recursos y debilita la importancia del arraigo como fundamento de la ciudadanía.

También aparecen riesgos relacionados con el origen del dinero y la identidad de los postulantes. Especialistas consultados por Infobae señalaron que la transparencia y la eficacia de los controles serán determinantes para preservar la reputación internacional del pasaporte argentino.

El marco jurídico, además, está discutido. Hubo fallos que cuestionaron el DNU que modificó el régimen de ciudadanía. Esas causas surgieron de trámites de naturalización ordinaria, por lo que no deben presentarse como sentencias sobre una solicitud concreta de ciudadanía por inversión.

Qué relación tiene con la compra de tierras

Comprar un campo no figura entre las dos modalidades anunciadas para obtener la ciudadanía. El vínculo con la propiedad rural surge por una consecuencia posible de la naturalización: cómo se aplicarían los límites previstos para compradores extranjeros a una persona que haya adquirido la nacionalidad argentina.

La Ley 26.737 establece restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales: un límite general del 15%, topes por nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo, o superficies equivalentes en otras regiones. También contiene restricciones sobre determinados cuerpos de agua y zonas de frontera.

Como la norma define a los sujetos alcanzados según su nacionalidad, la obtención de ciudadanía argentina podría modificar el encuadre del comprador. Esta es una interpretación que requiere analizar cada caso; no equivale a una autorización general para adquirir cualquier territorio. La ley también prohíbe utilizar personas o sociedades para simular una titularidad nacional y eludir sus límites.

La situación de la Ley de Tierras continúa atravesada por decisiones judiciales y negociaciones legislativas. El 9 de octubre, la Corte Suprema suspendió provisionalmente los efectos del artículo del DNU 70/2023 que la había derogado. Posteriormente, el oficialismo aceptó incorporar su restitución al proyecto sobre propiedad privada, una decisión que debe distinguirse de una ley ya sancionada.

El debate combina así dos decisiones diferentes: las condiciones para otorgar ciudadanía y los controles sobre la propiedad de recursos territoriales. Los resultados del programa dependerán tanto de los fondos que logre captar como de la transparencia de su aplicación y de las garantías jurídicas que finalmente se establezcan.