El presidente Milei, con el respaldo del 41% del 60% del padron que voto, parece dispuesto a impulsar rapidamente las reformas que prioriza: laboral y tributaria. Su gestion afronta primero la ley de leyes -el Presupuesto-, una asignatura pendiente. No solo se han modificado las preferencias politicas de una parte significativa de la poblacion, sino que tambien han cambiado otras realidades del pais.
La democracia recuperada en 1983 trajo expectativas de libertad y de un proyecto de pais que mejorara la vida cotidiana. Los gobiernos de Alfonsin y Menem dejaron balances mixtos, pero la persistencia del deficit fiscal marco a ambos. Ninguna administracion posterior logro concretar plenamente la promesa de que “con la democracia se come, se cura y se educa”. Ese desencanto, junto con el crecimiento visible de la corrupcion, alimento el hartazgo y el temor en la sociedad. A pesar de los escandalos, la corrupcion no siempre ha modificado sustancialmente las decisiones electorales, mientras que la desigualdad economica se acentuo.
Los partidos politicos, en muchos casos, dejaron de funcionar como organizaciones con programas y estructuras solidas y se transformaron en marcas o franquicias al servicio de intereses puntuales. Esa degradacion institucional estuvo acompanada por la ausencia de un proyecto nacional inclusivo. El gobierno actual apuesta a una vision economica centrada en el mercado como motor principal del desarrollo, pero esa opcion enfrenta limitaciones practicas: la poblacion urbana no puede reubicarse facilmente y la oferta del mercado no resuelve por si sola las necesidades sociales. Incluso la administracion necesito apoyos externos en momentos criticos.
En este contexto tambien hay empresas y trabajadores que se han adaptado y encontrado vias de continuidad laboral, a veces reconvirtiendo su actividad. Sin embargo, esa transicion no es posible en todos los sectores y suele requerir tiempo que muchas familias no tienen. El endeudamiento de los hogares ha aumentado, lo que preocupa a las entidades financieras, y podria anticipar una oleada de litigios vinculados a deudas de consumo ademas de los reclamos laborales.
Las medidas adoptadas por el Ejecutivo han provocado una rapida perdida de seguridad laboral para numerosos trabajadores. Mientras que las obras privadas deben respetar normas municipales, la actuacion del gobierno nacional no siempre ha seguido mecanismos claros para mitigar los efectos sociales de sus politicas. El Congreso ha planteado observaciones y limites, pero la implementacion efectiva de esas indicaciones sigue siendo insuficiente.
A futuro, el presidente Milei debera rendir cuentas sobre las consecuencias de sus decisiones, especialmente por la falta de planes alternativos para atender sus efectos sociales y economicos. Las fuerzas de oposicion tambien comparten responsabilidad por no haber presentado propuestas viables, lo que en la practica se ha traducido en una ausencia de contrapesos que dificulta una respuesta coordinada a la situacion.
