“Se necesita un golpe de opinión muy grande, que sea significativo para que esto cambie. Si no, vamos a perder, hermano. Y yo creo, con todo respeto, que tienes en la mano ese golpe de opinión. Lo que digas, podría ser determinante en las elecciones”. Con esa exhortación, según la información difundida, el asesor presidencial Víctor de Currea Lugo intentó persuadir al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso para que incriminara a Abelardo de la Espriella, quien entonces figuraba entre los favoritos en las encuestas presidenciales.
La revista Semana publica pruebas que, según su reporte, muestran que el expresidente Gustavo Petro habría intentado comprar a un grupo seleccionado de 11 exjefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), algunos privados de la libertad y otros en libertad, para que acusaran falsamente a diversos dirigentes de la derecha.
En el denominado “Pacto de Valledupar”, por la ciudad donde se produjo el encuentro según el documento, se ofrecieron beneficios concretos, entre ellos “explorar la excarcelación de los gestores de paz, actualmente en prisión, así como revisar las condiciones de reclusión mientras se concreta su situación jurídica”, según consta en la oferta plasmada en el escrito.
De acuerdo con lo divulgado, a los excombatientes los trasladaron desde distintas regiones para participar en un encuentro celebrado entre el 22 y el 24 de octubre de 2025, siete meses antes de las elecciones, con el propósito de acordar condiciones para cerrar el proceso de Justicia y Paz iniciado hace dos décadas tras la desmovilización paramilitar. A pesar del tiempo transcurrido, varios de ellos aún tienen diligencias judiciales pendientes en el país.
Una vez en el hotel a las afueras de la capital del Cesar, y según la versión de Angie Rodríguez —que entonces dirigía el DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República) y ha denunciado el caso—, ella y los convocados conocieron lo que, según sostiene, eran las verdaderas intenciones del Gobierno.
La intención, según la denuncia, era que Mancuso —alias Jorge 40 o Macaco— y otros excomandantes señalaran por supuesta complicidad con las AUC a Abelardo de la Espriella, que subía en las encuestas; a Álvaro Uribe, impulsor de la candidatura de Paloma Valencia; y a Germán Vargas Lleras, exsenador y exvicepresidente, a quien el texto señala que fallecería el 8 de mayo a causa de un cáncer y que había considerado aspirar a la Presidencia.
El objetivo atribuido a los organizadores era favorecer la elección del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con respaldo de partidos y movimientos de la izquierda extrema, según lo publicado.
A la reunión, además de Angie Rodríguez, habrían asistido el entonces ministro del Interior Armando Benedetti; Víctor de Currea Lugo, asesor presidencial; y Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El informe indica que Benedetti debió ausentarse pronto para atender asuntos personales tras conocer ese día que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo había incluido en la lista OFAC.
En la grabación difundida por Semana, Currea le expresa a Mancuso su preocupación por lo reñidas que estarían las elecciones y por la posibilidad de que ciertos actores “les claven el puñal como hizo Uribe”. Currea alude además a un ejemplo reciente de “golpe de opinión” que, según él, benefició a la campaña de Juan Manuel Santos.
Currea insiste en que se necesita un gran impacto mediático y sugiere que Mancuso tiene la capacidad de generarlo. Le propone una entrevista y subraya que su intervención podría ser determinante en los comicios; incluso afirma que, de no lograr un mensaje claro, tendría que irse al exilio, y pide que “le eche una mano, no a la izquierda, sino al país”.
El asesor también mostró un cuestionario de diez preguntas centradas en el actual jefe de Estado, que según el texto había derrotado a Cepeda por un margen estrecho. La novena pregunta, por ejemplo, indagaba qué declararía bajo juramento acerca de la relación de Abelardo de la Espriella con personas o intereses asociados a las AUC.
Dos elementos, según la publicación, indicarían que todo estaba previamente organizado. Primero, Benedetti habría anunciado en una rueda de prensa que se darían a conocer “verdades” capaces de provocar un terremoto político, y afirmó que los jefes paramilitares se habían comprometido a decir hechos que asombrarían al país y afectarían a actores políticos que entonces eran candidatos.
Segundo, en el hotel de Valledupar aparecía Hollman Morris, periodista y director de RTVC, la televisión pública que, según los testimonios, funcionó como un aparato de difusión durante los cuatro años de la administración de Petro y en la campaña. Testigos aseguraron que Morris estaba listo para realizar las entrevistas que se esperaban fueran explosivas.
Angie Rodríguez, en declaraciones a varios medios colombianos, sostuvo que se negó a participar en lo que consideró una irregularidad con fines electorales, que discutió el asunto con Gustavo Petro y que, finalmente, los exjefes de las Autodefensas tampoco accedieron a participar en las acusaciones propuestas.
La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General abrieron expedientes para investigar el caso y recabar pruebas. Si se comprobara la existencia de presiones con fines electorales, los involucrados podrían enfrentar procesos por fraude procesal, falso testimonio y abuso de función pública.
El texto añade que este episodio se sumaría a otros procedimientos dirigidos a integrantes del gobierno de Gustavo Petro y a su entorno familiar, como el proceso por presunta corrupción que involucra a su hijo Nicolás, casos que, según críticos, en ocasiones no avanzan con rapidez.
Las investigaciones continúan y las autoridades competentes deberán determinar la veracidad de las alegaciones y la eventual responsabilidad penal o disciplinaria de los implicados, según lo informado en los reportes sobre el caso.
