El Parlamento Europeo concedió este jueves el Premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI) y a su personal, en un gesto que reconoce la presión que enfrentan por las amenazas y las sanciones impuestas desde Estados Unidos, según dijeron a EFE dos fuentes parlamentarias.
A principios de octubre, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la CPI, poco después de que el comité del Nobel de la Paz premiara a la exjueza Navi Pillay. Washington hizo el anuncio a través de declaraciones de Marco Rubio, asegurando que Trump «nunca permitirá que el Tribunal Penal Internacional procese a estadounidenses» y advirtiendo que podría «desmontar» el organismo «ladrillo a ladrillo» si no cesaban las supuestas amenazas.
La candidatura de la Corte fue presentada por el Grupo socialdemócrata en el Europarlamento. Aunque inicialmente figuraba como favorito el líder de la oposición de Tanzania, Tundu Lissu, la CPI obtuvo finalmente una mayoría en la votación a puerta cerrada, con el respaldo de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda. Lissu contaba con el apoyo de populares y grupos ultraconservadores, mientras que la formación Patriotas por Europa se abstuvo en la ronda definitiva, según fuentes parlamentarias.
La Corte Penal Internacional, creada en 2002 con la finalidad de que ni jefes de Estado ni comandantes militares queden fuera del alcance de la justicia por los crímenes más graves, investiga hoy conflictos que van desde Ucrania hasta Palestina y Afganistán, y afronta una fuerte presión política y financiera procedente de Estados Unidos.
Instituida por el Estatuto de Roma, aprobado en 1998, la CPI es el primer tribunal penal internacional permanente. Cuenta con 125 Estados miembros y tiene jurisdicción para juzgar a personas —no a países— por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el delito de agresión cuando la justicia nacional no pueda o no quiera actuar.
En los últimos años la Corte se ha situado en el centro de disputas geopolíticas relevantes, especialmente tras ordenar en 2023 la detención del presidente ruso, Vladimir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación de niños ucranianos desde territorios ocupados, lo que provocó amenazas y órdenes de arresto emitidas desde Moscú.
En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Esas decisiones motivaron sanciones de la Administración de Donald Trump contra el tribunal y varios de sus funcionarios, medidas que complican el acceso de la CPI al sistema financiero y a proveedores internacionales y, en consecuencia, amenazan su operatividad.
