Dinorah Figuera, jefa de la delegación negociadora de la oposición, estimó que las elecciones presidenciales podrían celebrarse a finales del próximo año o a comienzos de 2028. Figuera —apoyada públicamente por el Departamento de Estado— ofreció esa fecha como la primera propuesta del calendario político vinculada a las negociaciones en curso, proceso que Washington ha influido en los últimos meses tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
Su declaración se produce horas antes de una jornada nacional de protesta convocada para exigir la fijación de una fecha electoral. La oposición mayoritaria propone el 28 de julio del próximo año, fecha que coincide con el tercer aniversario de las elecciones del 28-J, cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados por sectores opositores.
Al cierre de la tercera ronda de negociaciones cara a cara en Caracas entre el grupo de opositores respaldado por Estados Unidos y representantes del chavismo vinculados a Delcy y Jorge Rodríguez, Figuera informó que Ramón López, su mano derecha, ya trabaja en la depuración del registro electoral, uno de los puntos clave de la hoja de ruta hacia los comicios. Entre la dirigencia opositora crece el descontento por los escasos avances en materia electoral, cuando se había prometido un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) para diciembre.
Actualmente la dirección del órgano electoral es la misma que supervisó las elecciones del 28-J, cuyos resultados son objeto de disputa. La oposición denuncia que en esos comicios Edmundo González Urrutia obtuvo una ventaja de cuatro millones de votos frente a Nicolás Maduro, a pesar de que existe controversia sobre las condiciones en las que se desarrollaron las votaciones.
La tercera ronda —la cuarta está prevista para mediados de noviembre— concluye con diversas materias pendientes más allá de lo electoral. El Comité de Postulaciones encargado de seleccionar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avanza lentamente y persisten preocupaciones de que el chavismo conserve una mayoría aproximada del 60% en la corte.
Sí se ha planteado una revisión profunda de varias normas que regulan los órganos de control y que inciden en las inhabilitaciones políticas, entre ellas la Ley Orgánica de la Contraloría y el Sistema Nacional del Control Fiscal, que podría afectar a dirigentes como María Corina Machado. Machado, por su parte, llamó a manifestarse y pidió que el país muestre unidad y voluntad de cambio; entre las demandas de los convocantes figura también el regreso de la líder opositora a Venezuela.
