Los chalecos amarillos elevaron la intensidad de sus movilizaciones tras 50 días de protestas en Francia, organizando actos de “desobediencia civil” y concentraciones “no autorizadas”, como la convocatoria en la Plaza de la Concorde de París, que la Policía blindó anticipadamente. Las fuerzas de seguridad desplegaron de nuevo 70.000 agentes en todo el país ante el riesgo de disturbios.
Por primera vez, los chalecos amarillos se separaron de la marcha “autorizada” convocada por sindicatos y organizaciones estudiantiles, que volvió a reunir miles de personas entre las plazas de la República y de la Nación, dos días después de las protestas que sacaron a la calle a más de medio millón de franceses el 5 de noviembre.
Benjamin Ball, portavoz de la nueva versión de los gilets jaunes, anunció: “Vamos a desobedecer y vamos a hacerlo en un lugar muy simbólico”, retomando la estela de los activistas que durante 484 días bloquearon plazas y rotondas para protestar contra el impuesto a los combustibles y presionar a las autoridades.
Ball afirmó que las demandas actuales “van más allá”: según el nuevo manifiesto del grupo, buscan recuperar “lo que nos han robado: tiempo, dinero, democracia y nuestras vidas”, y reivindican poder vivir con dignidad y libertad, no solo sobrevivir. El portavoz fue detenido más tarde frente a la Asamblea Nacional.
El abogado David Libeskind, otra figura destacada del movimiento, dijo haber presentado una denuncia contra la prefectura de París por negar la autorización de una marcha en el centro. Libeskind explicó que eligieron la plaza de la Concordia por su valor simbólico y su cercanía a la Asamblea Nacional, y advirtió que están dispuestos a desafiar a las autoridades.
A primera hora de la tarde, alrededor de cien chalecos amarillos protagonizaron una sentada simbólica ante el obelisco de la Concordia, donde fueron hostigados y cercados por la Policía en un ambiente de tensión creciente. En una pancarta, una estudiante identificada como Lena decía: “No podéis hacernos callar. Estamos aquí reclamando, entre otras cosas, nuestro derecho a protestar; no podemos someternos a un sistema que nos dice cómo, cuándo y dónde manifestarnos”.
Mientras tanto, la agrupación intersindical de estudiantes y los cinco principales sindicatos convocaron una nueva marcha “contra el alto coste de la vida y en defensa de la juventud” en la plaza de la República. Para intentar aplacar la tensión social, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció la celebración el lunes de una “conferencia social” con la patronal y los sindicatos, con el objetivo de presentar respuestas concretas a las demandas de la población.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, pidió a sus efectivos que “no bajen la guardia” ante incidentes cuya violencia no remitirá y dio instrucciones a las prefecturas para disolver manifestaciones “espontáneas” y no autorizadas previamente.
Aunque los enfrentamientos con la Policía y los actos de vandalismo han disminuido desde la oleada de violencia del 17 de octubre —que dejó 2.400 detenidos y alrededor de un millar de heridos—, las críticas por la actuación policial se han intensificado tras recientes agresiones contra periodistas, que acuden a las marchas equipados con cascos y mascarillas antigás.
La agencia AFP denunció “la violencia cometida por la Policía contra sus periodistas” durante las manifestaciones. Un fotógrafo identificado por su brazalete sufrió una fractura de peroné y recibió cinco golpes, tres de ellos en el casco, durante una carga policial. El 17 de octubre otro periodista de la agencia fue alcanzado en el muslo por una bala de goma en Lille, y ese mismo día una videoperiodista fue impactada intencionadamente por un cañón de agua en París.
Reporteros Sin Fronteras ha documentado 58 casos en los que se obstaculizó el trabajo de periodistas en las manifestaciones, 35 de ellos con “violencia física”; en 21 de esos episodios las fuerzas del orden estuvieron detrás, y en el resto los responsables fueron manifestantes. Una reportera del portal Politis y una fotógrafa del colectivo Divergences anunciaron la presentación de una denuncia tras ser agredidas por la Policía en la manifestación del 5 de noviembre en París, que describen como “reprimida sin motivo aparente y sin previo aviso”.
