La institución de Claypole, que recibió la visita del Papa este lunes, denuncia que el Estado nacional suspendió durante cuatro meses la provisión de medicamentos, pañales y alimentación especial para 122 personas con discapacidad. La Justicia ya ordenó dos pagos millonarios por periodos previos y mantiene un embargo por más de $828 millones. El conflicto se vincula con la paralización de transferencias tras el escándalo de corrupción en la ANDIS.
La visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole puso en evidencia un problema que la institución arrastra desde hace meses: el gobierno no envía medicamentos, pañales ni alimentos especiales. El centro, que atiende de forma permanente a personas con discapacidad, reclama una deuda por el periodo julio-octubre de 2026 que sus autoridades estiman cercana al mil millones de pesos.
El corte de suministros afecta a las 122 personas que residen en el hogar y dependen del programa Incluir Salud. Según la institución, la ausencia de envíos los obliga a buscar donaciones, juntar fondos y, en algunos casos, pedir a las familias insumos básicos para mantener los tratamientos.
El conflicto tiene un antecedente judicial inmediato: el 30 de octubre quedó firme una orden de pago por $828.708.195,16 correspondiente a prestaciones e insumos adeudados entre marzo y junio. Ese monto fue finalmente abonado por el Ejecutivo luego de que la Justicia rechazara la apelación y aplicara medidas para asegurar el cumplimiento.
Aun así, el pago no solucionó el problema de fondo. Desde el Cottolengo aseguran que sigue pendiente la cobertura del último cuatrimestre y que no recibieron señales claras de normalización.
Una deuda que se acumula desde el escándalo de la ANDIS
La interrupción de las transferencias comenzó en noviembre de 2025, dos meses después de que estallaran denuncias por presuntas irregularidades y cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entonces dirigida por Diego Spagnuolo, exfuncionario cercano al presidente Javier Milei.
La gestión de las prestaciones correspondía a Incluir Salud, que quedó en el centro de las investigaciones por fallas detectadas en la agencia. Uno de sus responsables, Daniel Garbellini, fue procesado en la causa que investiga la presunta asociación ilícita dentro del organismo.
Tras el escándalo se suspendieron las transferencias a instituciones que alojan a personas con discapacidad. Luego Incluir Salud pasó a depender del Ministerio de Salud, pero los problemas en la financiación y la provisión continuaron.
Desde el Cottolengo detallan que la falta de insumos impactó de manera directa en la atención diaria. Entre lo requerido figuran preparados líquidos para quienes no pueden ingerir sólidos, pañales y medicamentos específicos.
La institución afirma que algunos planes de medicación pueden alcanzar el millón de pesos, a lo que se suman gastos de alimentación y otros insumos esenciales para la vida cotidiana.
Dos fallos judiciales y pagos por más de $1.500 millones
El Cottolengo Don Orione presentó reiterados reclamos en los tribunales federales de Lomas de Zamora. La Justicia ordenó al Estado cubrir dos periodos de deuda mediante resoluciones que obligaron al Gobierno a realizar desembolsos millonarios.
El primer embargo se dictó el 29 de enero de 2026 por $753.371.035,51, correspondiente al periodo noviembre de 2025-febrero de 2026, con el objetivo de garantizar los fondos necesarios para mantener la atención de los residentes.
El Gobierno apeló, pero el tribunal revisor confirmó el embargo el 5 de junio. Finalmente, la Secretaría Nacional de Discapacidad cambió su postura y resolvió pagar la deuda; los fondos fueron transferidos a la cuenta de la institución el 8 de octubre.
El segundo reclamo abarcó marzo-junio de 2026. El juez federal Juan Pablo Auge, titular del juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Lomas de Zamora, ordenó el pago de $828.708.195,16.
El 30 de octubre, el magistrado rechazó la apelación del Ejecutivo y dejó firme la obligación, al considerar que el Estado no había acreditado la provisión efectiva de los medicamentos e insumos reclamados pese a las intimaciones judiciales.
El juez subrayó la urgencia de disponer los recursos para garantizar la continuidad de los tratamientos, la alimentación, los insumos y el funcionamiento del establecimiento, incluidos los salarios del personal.
En conjunto, los dos pagos ordenados superan los $1.581 millones, aunque corresponden a periodos anteriores y no saldan la deuda que la institución reclama por julio-octubre.
La Justicia advirtió sobre el riesgo para la salud de los residentes
En su resolución, Auge advirtió que el incumplimiento del Estado podía dejar en situación de desamparo a las 122 personas alojadas en el Cottolengo y beneficiarias del programa Incluir Salud.
El magistrado puso en relieve que estaban comprometidos derechos fundamentales, como la vida y la integridad física, y recordó la obligación estatal de garantizar el acceso a la salud mediante acciones concretas.
La resolución reconstruyó además los reclamos presentados por la institución desde fines de 2025. En diciembre de ese año, el Cottolengo denunció la falta de insumos y medicamentos, así como la ausencia de pagos por las prestaciones de sus residentes.
En esa presentación se advirtió que la falta de transferencias comprometía el pago de salarios, la provisión de alimentos y otros gastos indispensables para el funcionamiento del hogar.
La situación llegó a poner en riesgo la continuidad del establecimiento, que brinda alojamiento y atención permanente a personas con discapacidad y necesidades de apoyo específicas.
El Gobierno aceleró los pagos antes de la visita papal
Un aspecto sensible del conflicto fue la coincidencia entre la regularización parcial de la deuda y la llegada de León XIV a la Argentina.
Fuentes vinculadas a Incluir Salud informaron que desde el Gobierno se solicitó acelerar los expedientes pendientes del Cottolengo aproximadamente dos semanas antes de la visita pontificia.
La institución confirmó que recibió el pago correspondiente a marzo-junio unos diez días antes de la llegada del Papa, y aclaró que ese desembolso respondió a una obligación judicial, mientras que sigue pendiente la provisión de los meses siguientes.
La problemática no es exclusiva de Claypole: otras instituciones de la provincia de Buenos Aires, como los cottolengos de Avellaneda y Polvorines, reportaron dificultades similares.
La falta de transferencias obliga a estos hogares a buscar recursos fuera del sistema estatal. En Don Orione recurren a donaciones, colectas y pedidos de colaboración a familiares, muchos de los cuales también enfrentan limitaciones económicas.
El reclamo por los insumos de julio a octubre
Con los pagos anteriores ya ejecutados, el Cottolengo prepara una nueva presentación para reclamar al Ministerio de Salud la deuda correspondiente a julio-octubre.
La institución buscará primero una respuesta administrativa y, si no prospera, anticipó que recurrirá nuevamente a la Justicia mediante una acción de amparo para asegurar la provisión de medicamentos, pañales y alimentos especiales.
El monto podría aproximarse al mil millones de pesos, tomando como referencia los $828 millones abonados por el cuatrimestre anterior. La cifra final dependerá de las prestaciones e insumos del nuevo periodo.
El sistema de Incluir Salud opera mediante entregas por periodos de cuatro meses, por lo que cada institución debe renovar sus pedidos y trámites para mantener la cobertura.
Mientras tanto, el establecimiento debe garantizar la atención de sus residentes sin la provisión regular de elementos esenciales.
El mensaje de León XIV durante su visita a Claypole
La visita del Papa al Cottolengo Don Orione incluyó encuentros con residentes y trabajadores. León XIV escuchó testimonios y pronunció un mensaje sobre la responsabilidad social frente a las personas con discapacidad.
“El progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, declaró el Pontífice.
La frase resonó frente a la situación que atraviesa la institución, que reclama desde hace meses los recursos necesarios para garantizar la atención de sus residentes.
La visita permitió visibilizar el trabajo cotidiano del personal del hogar, al tiempo que expuso las dificultades económicas y administrativas que enfrentan las organizaciones dedicadas al acompañamiento de personas con discapacidad.
El Cottolengo Don Orione sigue a la espera de una respuesta del Gobierno nacional por los insumos adeudados. Aunque los reclamos judiciales ya obligaron a desembolsar más de $1.500 millones por periodos previos, la deuda del último cuatrimestre permanece y pone en riesgo la provisión de elementos indispensables para 122 personas.
