Al menos 12 personas fueron asesinadas el miércoles en una región del norte de Honduras donde actúa un cártel del narcotráfico, en medio de una ofensiva del Gobierno contra el crimen organizado, informó la Policía.
Los hechos ocurrieron en cuatro puntos de una zona montañosa del departamento de Yoro, donde las autoridades desarrollan operativos contra el tráfico de drogas, según reportes oficiales.
La defensora de territorio y dirigente tolupán Delma Yolanda Olvera Pérez figura entre las víctimas; también murieron su esposo, Pablo Baquedano, y su hija de tres años. En un video grabado antes de ser asesinada, la defensora comentó las dificultades y las amenazas que enfrentaba por su labor. Olvera, madre de cinco hijos, había denunciado presuntas agresiones contra la comunidad de Mina Honda.
Delma Yolanda Olvera Pérez, líder tolupán y regidora municipal de Yorito.
“De parte del Diablo”
La zona es considerada área de influencia de una organización conocida como el cartel del Diablo, que las autoridades hondureñas han calificado recientemente como grupo terrorista. La policía ofreció una recompensa de aproximadamente 186.000 dólares por información que permita capturar a Esteban Ferrera, señalado como cabecilla del grupo.
Medios locales, como HCH, difundieron imágenes de una de las viviendas atacadas en las que se ven cuerpos y una manta con la inscripción “de parte del Diablo”.
“Doce personas han perdido la vida en la madrugada de hoy en cuatro escenas distintas” en Yoro, declaró el comisionado de la Policía, Lenin Pineda. La prensa hondureña señala que los homicidios podrían ser una represalia por la detención, el domingo anterior, de la madre y una hermana de Ferrera.
Asfura: “No quedará impune”
El presidente Nasry Asfura condenó la masacre y aseguró en X que el crimen “no quedará impune”. Añadió que, tras una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ordenó intensificar de inmediato los operativos en la zona para identificar y capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
Asfura subrayó que no habrá tolerancia ni impunidad frente a quienes atentan contra la vida de los hondureños y afirmó la intención de enfrentar el crimen con “toda la fuerza del Estado”.
El Gobierno de Asfura, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, ha impulsado operaciones contra el crimen organizado y ha aprobado reformas con el objetivo de reducir la violencia.
Las autoridades atribuyen gran parte de la alta tasa de homicidios, de 24 por cada 100.000 habitantes, al narcotráfico y a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, un nivel aproximadamente tres veces superior al promedio mundial.
Entre las reformas promovidas por Asfura, vigente desde enero, se autorizaron allanamientos sin orden judicial y se permitió usar tatuajes como elementos de prueba contra sospechosos.
Las medidas también endurecen el régimen carcelario y, en líneas generales, se asemejan a la estrategia antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que ha sido criticada por presuntos abusos a los derechos humanos. La ONU advirtió que estas normas ponen en riesgo derechos fundamentales.
A pesar de que la seguridad es una prioridad del Ejecutivo, según datos policiales las acciones no han reducido de forma significativa los asesinatos. La aprobación del presidente se sitúa en 43%, según la encuestadora CB Global Data.


