Algunas sesiones del Concejo Deliberante generan más dudas que certezas. Esto ocurrió el miércoles 18 de noviembre en Dos de Mayo, cuando el intendente Ricardo Weber fue convocado para dar explicaciones y su intervención combinó respuestas evasivas, reproches a concejales, falta de conocimiento sobre aspectos básicos de su gestión y un cierre inesperado que descolocó a la sala.
Cuando la discusión parecía terminada, Weber agradeció públicamente la visita del papa León XIV a la Argentina, un cambio de tema abrupto y fuera de contexto en medio de la sesión.
La convocatoria tenía un propósito puntual: que el intendente explicara obras realizadas en un terreno de Sebastián Escalante, secretario coordinador de Gabinete, por donde supuestamente habían pasado camiones municipales. Weber presentó un informe y sostuvo de entrada que la denuncia de Ramiro Lorenzo era “totalmente falsa”.
Según el intendente, no se trató de un uso particular de un inmueble privado sino de trabajos viales y de saneamiento en la Ruta Municipal 2 para mitigar inundaciones: ensanchamiento del camino, colocación de tubos de desagüe y limpieza y canalización del arroyo. Agregó que Escalante habría autorizado el paso provisional de camiones y que el municipio reparó los daños.
Hasta ese punto la explicación era comprobable mediante documentación. El conflicto empezó cuando los concejales solicitaron precisamente esa documentación y detalles adicionales.
El primer punto conflictivo: las facturas
La concejal Yanina Holland pidió información básica de toda administración pública: el monto gastado, proveedor de los tubos, cantidad utilizada, maquinaria y combustible empleados, y personal involucrado.
La respuesta oficial fue un monto aproximado de 1.700.000 pesos, pero sin el desglose solicitado por el Concejo.
Weber dijo que la documentación estaba ingresada y que su secretario la revisaría. Al insistir Holland, contestó que era facultad del Ejecutivo decidir sobre el uso de la maquinaria y el combustible y que, si quedaban dudas, se formulara el pedido por escrito para que el contador lo explicara.
El dato relevante es que el requerimiento ya había sido presentado por escrito y aprobado por el cuerpo legislativo. La respuesta del intendente pareció poner en duda el derecho del Concejo a acceder a la información solicitada sobre la gestión municipal.
Holland advirtió la contradicción y planteó qué confianza pueden tener los vecinos si ni siquiera sus representantes reciben respuestas claras. La sesión derivó en reproches públicos y en la intención del intendente de desplazar el foco hacia las redes sociales y el desgaste que, según él, causaba el denunciante.
El segundo punto: “haceme la lista”
Otro reclamo de los concejales fue que varias ordenanzas aprobadas por el Concejo no se estaban aplicando. La respuesta del intendente fue pedir que le hagan una lista y se la envíen.
Ese pedido sorprende en la voz del jefe comunal, quien debería conocer el estado de las normas vigentes y el funcionamiento administrativo. La secretaria del Concejo confirmó que las comunicaciones se remiten al Ejecutivo en tiempo y forma, por lo que la discusión pasó a ser qué ocurre con esos documentos una vez que ingresan a la Municipalidad: quién los recibe, los registra y da curso.
La cuestión no es menor: las ordenanzas son actos formales con efectos obligatorios. El Concejo no debe insistir hasta lograr atención puntual; el Ejecutivo tiene el deber de procesar y responder los pedidos de informes conforme a sus atribuciones.
El tercer punto: las obras previstas
En el análisis del presupuesto 2027, una concejal preguntó por las obras proyectadas para el año siguiente. La respuesta de Weber fue: “Yo en este momento no me acuerdo”.
Remarcó que las obras figuran en el anexo de Obras Públicas y que la contadora podía responder dudas, pero no supo detallar las principales iniciativas que planea su gestión para el año siguiente.
En cualquier organización, el responsable debe conocer la orientación general de su gestión aun delegando detalles técnicos. La falta de memoria sobre las obras proyectadas generó inquietud sobre la conducción y la capacidad de planificación del Ejecutivo municipal.
Ese patrón se repitió: ante preguntas incómodas, las respuestas se desplazaron hacia otros actores o hacia el argumento de que otro debía dar explicaciones.
El cierre: la referencia al Papa
Al finalizar su intervención, en vez de cerrar sobre los temas tratados, Weber agradeció la visita del papa León XIV y habló extensamente sobre su mensaje, la familia, la Iglesia, la política y la fe. En un tramo confundió al pontífice con un obispo y afirmó que, pese a la distancia, sentía cerca sus palabras.
No es reprochable que un intendente exprese su fe o su admiración por una figura religiosa. El problema fue el contexto: después de una sesión marcada por solicitudes de información sin respuestas claras y por cuestionamientos sobre control de recursos, ese discurso no guardó relación con los asuntos de la agenda y resultó brusco y desconectado.
La frase final
Antes de abandonar el recinto, Weber volvió a referirse a las publicaciones en redes sociales, dijo que muchas no tenían documentación y añadió, casi en tono de cierre: “Deberían controlarse”.
Ese comentario merece atención: un funcionario puede rebatir una publicación con pruebas, pedir rectificaciones o recurrir a la Justicia si corresponde. Pero sugerir el control de las redes sociales frente a críticas sobre la gestión toca la libertad de expresión. La respuesta adecuada del poder público ante cuestionamientos es aportar información y argumentos, no plantear restricciones sobre lo que dicen los ciudadanos.
El problema de fondo
Más allá del desconcierto de la sesión, el episodio plantea una cuestión institucional central: el Concejo cuenta con herramientas de control —respuestas a pedidos de informes, comisiones investigadoras y el procedimiento de juicio político—, pero su aplicación puede implicar consecuencias políticas profundas.
Dos de Mayo necesita estabilidad y certidumbre para atraer inversiones y generar empleo. Un proceso de destitución no es un mero trámite; implica riesgos y puede marcar la vida institucional municipal. Por eso el Concejo debe calibrar sus pasos sin abandonar su función de control.
La estabilidad no equivale a tolerar la falta de respuestas. Significa que las instituciones funcionen sin que cada pedido de información devenga en una disputa personal y sin que las ordenanzas queden en el olvido por la voluntad del Ejecutivo.
Lo ocurrido no prueba por sí solo la comisión de un delito, pero muestra prácticas institucionalmente problemáticas: evasivas, reproches y explicaciones insuficientes ante requerimientos formales. Un intendente no está obligado a coincidir con el Concejo, pero sí a respetar sus atribuciones y a suministrar documentación cuando se la solicita sobre el uso de recursos públicos.
La pregunta no es que existan diferencias entre Ejecutivo y Legislativo, sino que el diálogo institucional se haya reducido a reproches y respuestas que no satisfacen los pedidos. Esa erosión del vínculo institucional no la pagan los funcionarios que discuten en el recinto, sino los vecinos de Dos de Mayo.
SESIÓN COMPLETA:




