La discusión sobre el precio del pan volvió a ser protagonista en Bolivia después de que los panificadores anunciaron un aumento motivado por retrasos en la entrega de harina subvencionada y por la decisión del Gobierno de revisar la política de subsidios.
El Gobierno, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), suministraba harina con subsidio y otros insumos como manteca, azúcar y levadura para mantener el pan a un precio bajo. Según fuentes oficiales, Emapa vendía la harina a un precio muy inferior al del mercado: un quintal se entregaba a 96 bolivianos cuando su costo real rondaba los 315 bolivianos.
En el último año la entrega de harina ha sido irregular por la caída en la producción de trigo y el aumento de los costos de importación, lo que ha provocado interrupciones en la oferta del pan tradicional y ajustes en su peso.
Este problema, que se arrastra desde comienzos de año, reapareció en noviembre cuando la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos anunció el fin del convenio con el Gobierno, en medio de señalamientos sobre la entrega irregular de harina subvencionada. Como consecuencia, el precio del pan tradicional aumentó de 0,50 a 0,80 centavos.
El Gobierno de Rodrigo Paz rechazó el alza de precios y la calificó como un “chantaje” por parte de los panificadores.
El sábado, el presidente Paz denunció la existencia de redes de corrupción en la provisión de harina subvencionada y afirmó que, a partir de ahora, “el mercado define los precios”.
“Vamos a luchar porque el precio sea el adecuado, pero también le tengo que decir al pueblo de Bolivia que yo no pienso mantener a corruptos ni ladrones que han hecho de la subvención un negociado”, declaró el mandatario.
La propuesta del Ejecutivo incluye diseñar un sistema digital para la asignación de harina subvencionada y así eliminar la intermediación de asociaciones, con el objetivo de reducir espacios para la corrupción. “El Gobierno central presentó una solución moderna, transparente y directa para cuidar el precio del pan, que no fue aceptada por la dirigencia de los panificadores”, indicó un comunicado del Ministerio de Desarrollo Productivo.
La controversia se produce en un contexto económico complejo, marcado por la caída de reservas internacionales y el aumento del déficit fiscal, lo que ha provocado escasez de dólares y de combustibles, además de un incremento sostenido en los precios de la canasta familiar durante más de dos años.
Ese panorama ha reducido la capacidad del Estado para sostener subsidios clave, como los de alimentos y combustibles. La administración de Paz ha manifestado su intención de revisar gradualmente estas políticas para aliviar la presión fiscal, aunque aún no ha presentado medidas concretas.
Economistas consultados advirtieron que desmontar la estructura de subsidios es una tarea compleja y políticamente riesgosa en un país donde amplios sectores vulnerables dependen de ellos y los consideran un derecho adquirido.
Mientras persiste la disputa entre el Gobierno y los productores de pan, los consumidores enfrentan piezas de menor tamaño y precios más altos, además de largas filas en las zonas donde la oferta es limitada.
La polémica ha tensionado la agenda pública y reabierto el debate sobre el modelo económico basado en subsidios, un tema que se perfila como uno de los principales desafíos del nuevo gobierno en los próximos meses.
