En el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 100 denuncias activas sobre un universo de más de 4.000 funcionarios y magistrados, según informó la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados.
La cifra fue confirmada por la directora general de Coordinación Instructiva de ese organismo, Carolina Szelagowski.
Szelagowski, en el cargo desde 2018 y a cargo del área instructiva, explicó que los expedientes en trámite representan menos del 3% del total de funcionarios susceptibles de ser denunciados.
“En la Secretaría procuramos que el procedimiento sea lo más cómodo posible tanto para el denunciante como para el denunciado”, destacó durante una entrevista en Radio Olavarría.
Aclaró que el procedimiento no es penal ni suele implicar una víctima directa en sentido ordinario. Su objetivo principal, dijo, es preservar la credibilidad y la eficacia del sistema judicial; por eso cada denuncia implica revisar la conducta y la idoneidad del funcionario para garantizar los estándares exigidos en la magistratura.
Sobre el perfil de los denunciados, señaló que en muchos casos se trata de jueces con trayectorias intachables que fueron cuestionados por el lenguaje utilizado en sus sentencias, lo que remarca la necesidad de que el derecho y los magistrados se adapten a los cambios sociales.
También se refirió al impacto emocional de los procedimientos de jury sobre los involucrados y consideró que contener, escuchar y acompañar forma parte del trabajo y de una obligación ética: “El juez es juez hasta el día en que eventualmente lo destituyen; acompañarlo es clave”.
Subrayó igualmente la importancia del trato hacia el denunciante, que a menudo recurre al organismo tras una cadena de insatisfacciones con el sistema y con la sensación de no haber sido escuchado.
Szelagowski sostuvo que la creación de la Secretaría y la incorporación de actores externos, como el Colegio de Abogados, contribuyeron a modernizar y democratizar el proceso de enjuiciamiento. A su juicio, el Poder Judicial está siendo sometido a pruebas constantes, por lo que resulta esencial preservar su independencia y su autoestima frente a presiones crecientes.
Advirtió también que con frecuencia se confunden la garantía de inamovilidad y la remuneración de los jueces con privilegios injustificados, motivo por el cual instó a los magistrados a estar a la altura de esas garantías.
Cuestionó, además, el aumento de causas que trasladan decisiones de naturaleza política a la esfera judicial y sostuvo que desviar responsabilidades legislativas o ejecutivas hacia los tribunales erosiona el orden institucional: “Si obligamos al juez a resolver conflictos políticos, perdemos rumbo”.
En cuanto a la tramitación, explicó que las sentencias de los jury son, en principio, irrevocables, salvo recursos extraordinarios ante instancias constitucionales, y defendió ese rigor como una garantía del sistema.
Finalmente, en un contexto de demanda creciente y recursos escasos, destacó que el bajo número de denuncias en curso respecto del total de más de 4.000 funcionarios refleja el trabajo cotidiano que sostiene la legitimidad del Poder Judicial bonaerense.
