La Corte Suprema de Justicia inició el trámite para incorporar al patrimonios estatal más de 60 millones de dólares y varios inmuebles decomisados a Lázaro Báez y a su hijo Martín en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
En un oficio dirigido al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, el director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, informó que se dispuso el decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos por subastas, así como la inscripción registral de los inmuebles a nombre del máximo tribunal.
Según la sentencia del TOF de abril de 2021, confirmada por la Cámara de Casación en 2023, los montos decomisados ascienden a USD 61.130.860,86, además de $4.174.697, suma que debe ajustarse conforme al índice de precios al consumidor del INDEC.
En ese contexto, Romero solicitó al TOF 4 la transferencia de los fondos a dos cuentas de la Corte Suprema y la remisión de toda la documentación relativa a las subastas del expediente 3017/2013/TO2/14, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
El 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema —con los votos de los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti— declaró inadmisibles los recursos de la defensa, confirmó las condenas y los decomisos, y habilitó así la ejecución de los bienes decomisados.
Paralelamente, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, dependiente del Ministerio de Justicia, para administrar estos activos. No obstante, en octubre pasado el juez Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del decreto por estimar que afectaba la independencia judicial.
El fallo del magistrado sostuvo que el decreto “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” y afecta directamente la estructura del Poder Judicial, poniendo en riesgo su autonomía y su autarquía presupuestaria.
