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Los ataques contra hospitales, ambulancias y personal médico en zonas de conflicto han alcanzado niveles sin precedentes, según un nuevo informe global de Médicos Sin Fronteras (MSF) que advierte sobre una erosión sistemática de las protecciones humanitarias en las guerras modernas.
El documento, titulado “Asistencia médica en el punto de mira: el ataque a la humanidad”, revela que la violencia contra la misión médica se ha duplicado desde 2021. Solo durante el año 2024, la Coalición para la Salvaguardia de la Salud en los Conflictos (SHCC) documentó 3.623 incidentes violentos, lo que representa un aumento del 15% respecto al año anterior y un alarmante incremento del 62% en comparación con los registros de 2022.
“Realmente creía que el hospital era un lugar seguro. Ya no puedo decir lo mismo de ninguna instalación médica en las líneas de frente hoy en día”, afirmó la presidencia internacional de MSF, reflejando una realidad donde la infraestructura sanitaria ha pasado de ser un refugio neutral a convertirse, en muchos casos, en parte del escenario de combate.
El informe identifica que la gran mayoría de estos incidentes —el 81% en 2024— son atribuidos a actores estatales, destacando el uso de armamento explosivo en zonas densamente pobladas como el principal factor de destrucción de clínicas y hospitales.
Aunque la violencia es un fenómeno global, MSF señala que el impacto más severo se concentra en conflictos específicos como los de Ucrania, Sudán, Myanmar y la Franja de Gaza.
En Sudán, la situación se describe como una de las más letales del mundo para el personal de socorro. A pesar de representar el 4% de los incidentes globales, este país concentró más del 50% de las muertes de trabajadores humanitarios registradas en 2025, evidenciando una brutalidad extrema en la guerra civil que atraviesa la nación africana.
Uno de los puntos centrales del análisis de MSF es el cambio en la interpretación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de las fuerzas combatientes. El informe advierte sobre el uso recurrente de la doctrina de “pérdida de protección”, mediante la cual los ejércitos justifican ataques a instalaciones médicas bajo la premisa de que están siendo utilizadas con fines militares.
“La retórica de la ‘pérdida de protección’ basada en una determinación unilateral representa una peligrosa desviación de las normas internacionales”, señala el documento. MSF subraya que, incluso en casos donde se alegue un uso indebido de las instalaciones, las partes en conflicto tienen la obligación legal de emitir advertencias claras y dar tiempo suficiente para la evacuación, algo que el informe denuncia como una práctica cada vez menos frecuente.
En el contexto del conflicto en la Franja de Gaza, el informe destaca cifras críticas de mortalidad entre el personal sanitario. Según los datos recopilados, al menos 572 trabajadores de ayuda perdieron la vida en el territorio entre 2023 y 2025. El informe de MSF pone de relieve la destrucción masiva de la red hospitalaria en el enclave, mencionando que la mayoría de estas instalaciones han quedado fuera de servicio o han sufrido daños severos durante las operaciones militares israelíes contra el grupo terrorista Hamas.
Paralelamente, en el frente oriental de Europa, la invasión rusa de Ucrania ha convertido la red hospitalaria en un objetivo estratégico. MSF atribuye la “vasta mayoría” de los ataques en suelo ucraniano —y también en Siria— a las fuerzas rusas, denunciando el uso de armamento explosivo en áreas urbanas que pulveriza clínicas enteras. Esta táctica no solo busca la derrota militar, sino el colapso social al privar a la población de sus medios de supervivencia.
A una década de diversos esfuerzos diplomáticos para frenar esta tendencia, como la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada en 2016, los resultados en términos de justicia son casi inexistentes. MSF denuncia que de los miles de ataques documentados en la última década, prácticamente ninguno ha derivado en una investigación independiente o en procesos judiciales contra los responsables.
El informe utiliza como punto de referencia el deterioro de las normas de seguridad desde 2015, señalando que lo que antes se consideraba una línea roja infranqueable, hoy se ha convertido en un riesgo aceptado para las organizaciones que operan en el terreno. Esta situación está forzando a muchas ONG a reducir su presencia en las zonas de mayor necesidad debido a la incapacidad de garantizar la integridad de sus equipos.
“Para la violencia infligida a la atención médica, la justicia ni siquiera se ha intentado”, sentencia el documento, que hace un llamado a la comunidad internacional para restablecer la neutralidad de los hospitales.
El informe concluye instando a los Estados miembros de la ONU a pasar de la retórica diplomática a la acción operativa, exigiendo que se garanticen corredores seguros para el suministro médico y que se respete el principio de que los heridos, independientemente de su afiliación, deben recibir atención sin temor a represalias o ataques directos contra los centros de salud.
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