En las entradas de varios colegios de Bakú, Sumgait y Jalilabad, grupos de niñas que llevan el velo islámico han sido regresadas a sus hogares, y algunas profesoras que usan hijab se han despedido de sus alumnos con la certeza de que podrían perder su puesto. Los vídeos de esas escenas, difundidos en redes sociales, han provocado protestas inusuales en Azerbaiyán, un país donde casi cualquier manifestación está prohibida.
El origen está en un decreto sobre la vestimenta en la escuela pública que prohíbe cualquier prenda que contradiga el carácter laico de la educación. Aunque el texto no nombra expresamente al hijab, en Azerbaiyán no hay dudas sobre a quién va dirigido. En la práctica, las profesoras deben elegir entre quitarse el velo o renunciar. En cuanto a las alumnas, la normativa establece que el conflicto debe dirimirse por un consejo pedagógico del centro, por lo que no resulta claro que haya una expulsión inmediata. La investigadora Sofie Bedford, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Uppsala, sostiene que la omisión de la palabra hijab “es algo deliberado”: al hablar de uniformes y laicismo, las autoridades pueden presentar la medida como una norma neutral que afecta a todos y no como la restricción de una práctica religiosa concreta.
Azerbaiyán se declara en su Constitución como un Estado laico y alrededor del 96 % de su población se identifica como musulmana, pero el país conserva un modelo heredado de la época soviética que sitúa la religión en el ámbito privado. Desde la independencia ha habido un resurgir religioso —más gente acude a las mezquitas y la fe tiene más visibilidad pública que en los años noventa—, aunque el uso del hijab no es mayoritario. Esa realidad explica que parte de los sectores laicos apoyen la medida. La diputada Nigar Arpadarai defendió que las niñas no eligen el velo “sino que lo imponen sus familias” y afirmó que “la religión es una decisión de adultos”.
La norma ha desatado protestas en la capital, en barrios religiosos de la periferia y en localidades junto a la frontera con Irán. En un vídeo, alumnos de un colegio de Balakhany exhiben una pancarta que dice que “el hijab no impide a nadie recibir una educación”. Al menos 37 manifestantes fueron detenidos en Bakú la semana pasada, aunque varios medios elevan esa cifra hasta 200. Shahiza Huseynova, una madre que protestaba frente a una escuela, fue arrestada; su marido relató a Meydan TV que las autoridades le advirtieron que o le quitaba el pañuelo a su hija o iba a la cárcel. El activista Ilkin Huseynov, que organizaba clases de apoyo para escolares que boicoteaban las aulas, permanece incomunicado desde que varias personas se lo llevaron de su casa.
“Lo llamativo no es la represión en sí, sino que hayan surgido protestas”, observa Bedford, y subraya que la disposición de estudiantes, padres y comunidades a cuestionar públicamente la política oficial es significativa. También recuerda que el choque entre el Estado y creyentes no es nuevo: según una lista de presos políticos publicada por un sindicato de apoyo, 178 de los 328 reclusos se declaran creyentes. Amnistía Internacional ha pedido a Bakú que retire la medida, que considera discriminatoria, y que libere a los manifestantes pacíficos, pero por ahora el Gobierno no ha mostrado intención de rectificar.
“Influencia religiosa extranjera”
Sobre las razones para aplicar la medida ahora, Bedford señala que la preocupación por la “influencia religiosa extranjera” es constante desde los años noventa: Irán, grupos salafistas, países árabes y en ocasiones movimientos turcos han sido señalados como fuentes de esa influencia. Por eso, a su juicio, la medida responde principalmente a una lógica de gobernanza interna: el Estado busca regular la religión y definir qué expresiones de fe son aceptables. Algunos expertos apuntan a Irán, ya que la disputa por el velo coincide con un momento de tensiones entre ambos países. La semana pasada, un grupo de hackers proiraní paralizó cerca de un centenar de dominios oficiales azerbaiyanos y señaló la prohibición del velo como motivo; el Parlamento calificó ese incidente de “ataque híbrido”.
La crisis ha provocado un choque diplomático con Turquía, uno de los aliados más firmes de Bakú, país con el que se proclama lazos muy estrechos bajo la fórmula “una nación, dos Estados”. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que lidera un país donde el hijab estuvo vetado en las escuelas hasta 2014 y que desde entonces defiende el derecho de las musulmanas a llevarlo, criticó en septiembre las restricciones en centros educativos ante la Asamblea General de la ONU, sin citar a Azerbaiyán. Su asesor Oktay Saral fue más duro y calificó la prohibición del hijab de “inaceptable”, expresando su esperanza de que Azerbaiyán rectificara “lo antes posible”.
El partido gobernante, Nuevo Azerbaiyán, respondió acusando a medios turcos, incluidos algunos cercanos al AKP, de difundir información falsa y difamatoria, mientras el presidente Ilham Aliyev advirtió en su congreso de que nadie debe inmiscuirse en los asuntos internos del país. La fiscalía azerbaiyana abrió además una causa penal contra el columnista turco Celal Çiftçi por presuntos llamamientos a un golpe de Estado y por incitación al odio religioso, y emitió una orden de búsqueda internacional contra él. A pesar de la retórica, una ruptura profunda parece improbable: hace dos semanas ambos países firmaron contratos de defensa por unos 500 millones de dólares.
