La crisis migratoria en Ceuta tiene dimensiones humanitarias y políticas. Uno de los retos principales es el alojamiento de más de 10.000 migrantes que aún permanecen en la ciudad autónoma, muchos en condiciones precarias que pueden afectar su salud y bienestar. Además, la situación de los menores no acompañados presentes en Ceuta adquirirá previsiblemente mayor peso político, pudiendo generar fricciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Según fuentes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional ha identificado 2.168 menores desde el 30 de julio hasta la mañana de este martes, aunque las autoridades advierten de que la cifra real podría ser superior porque algunos se ocultan por temor a ser expulsados a sus países de origen. Al mismo tiempo, desde Bruselas aumentan las presiones para que España gestione el retorno de las personas que permanezcan en situación irregular, en un contexto en el que Marruecos ha mostrado disposición a colaborar.
La Comisión Europea ha señalado que esa expectativa de retorno puede aplicarse, en determinados supuestos, también a menores no acompañados, recordando que el Derecho de la Unión contempla mecanismos para el retorno de migrantes en situación irregular, incluidos casos concretos relativos a menores. Esta postura introduce un nuevo elemento de tensión que exige conciliar las obligaciones europeas, la legislación española y la especial protección que corresponde a los menores.
