La recesión, el aumento del riesgo país y las polémicas por el manejo de las reservas intensifican la presión sobre el ministro de Economía. Los gobernadores exigen más recursos y acuerdos electorales, mientras las divisiones internas del espacio libertario añaden tensión de cara a 2027.
Luis Caputo enfrenta una creciente presión política y económica, marcada por el empeoramiento de los indicadores, la cautela de los mercados y tensiones dentro del oficialismo. En ese contexto, Karina Milei analiza el costo político de mantener al funcionario, cuya continuidad se discute ante las dificultades del programa económico.
Los cuestionamientos se producen mientras el Gobierno busca acuerdos con los gobernadores para avanzar con su agenda legislativa y preparar el terreno electoral de 2027. Las conversaciones incluyen el Presupuesto 2027, la reforma electoral y la posible suspensión de las PASO.
La situación económica condiciona esas negociaciones: los mandatarios aliados piden más transferencias y critican las restricciones fiscales, mientras la Casa Rosada necesita sus votos para aprobar iniciativas clave.
La recesión complica el escenario económico
Los datos de actividad aumentaron las dudas sobre el rumbo económico. El PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre de 2026 y la actividad mensual de julio registró una merma de 2,9%.
Las proyecciones privadas anticipan una nueva contracción en el tercer trimestre: el REM del Banco Central incorpora una caída cercana al 1%, en contraste con estimaciones previas que esperaban crecimiento.
El desempeño por sectores es heterogéneo: energía, minería y agro muestran mejores resultados, mientras industria, comercio y construcción siguen afectados por el débil consumo y la falta de recuperación.
El deterioro también impacta al tejido empresarial: entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron cerca de 32.290 empleadores registrados (una baja del 6,3%) y disminuyó la cantidad de trabajadores registrados del sector privado, según el informe citado.
Este escenario alimenta dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener la recuperación prometida y aumenta la presión sobre el equipo económico encabezado por Caputo.
Los gobernadores endurecen sus reclamos
La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores se convirtió en otro frente de tensión. En una reunión en París, Caputo planteó la necesidad de un acuerdo político para sostener el programa y asegurar respaldo legislativo.
Sin embargo, los mandatarios aliados exigen que esas negociaciones se traduzcan en recursos concretos para sus jurisdicciones. Las restricciones fiscales y la caída de la recaudación complican sus cuentas, sobre todo en provincias que dependen de transferencias nacionales.
Entre sus pedidos figuran también garantías electorales, como acuerdos de no competencia en algunas provincias para evitar candidaturas de La Libertad Avanza que fragmenten el voto en 2027.
El desafío del oficialismo es lograr los votos necesarios en el Congreso sin ceder demasiado en las demandas territoriales. La aprobación del Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y la defensa del DNU 70/2023 son prioridades de la Casa Rosada.
La interna libertaria suma tensión
La cuestión sobre el futuro de Caputo se combina con divisiones dentro del oficialismo. Karina Milei mantiene una disputa con el sector vinculado al asesor Santiago Caputo, sobrino del ministro.
Una eventual salida del titular de Economía podría tener efectos que trascienden lo estrictamente técnico y alterar el equilibrio político interno del Gobierno.
Caputo intentó reafirmar públicamente su respaldo a Javier Milei en medio de rumores sobre cambios en el equipo. Al mismo tiempo, la intervención del economista Alberto Ades en una reunión de gabinete y sus críticas a ciertos aspectos de la política monetaria generaron especulaciones sobre alternativas de gestión.
Ades cuestionó el nivel del tipo de cambio real y subrayó la necesidad de mejorar la competitividad para sectores afectados por las importaciones, reabriendo la discusión sobre cómo conciliar estabilidad de precios y equilibrio fiscal sin agravar la situación del mercado interno.
Hasta ahora no hay confirmación oficial sobre un reemplazo de Caputo; las versiones forman parte del clima de tensión que el Gobierno busca manejar antes de la campaña electoral.
El oro del Banco Central, otro foco de cuestionamientos
A las dificultades económicas se sumaron controversias por operaciones con las reservas de oro del Banco Central. Un informe de la Auditoría General de la Nación cuestionó operaciones de 2025 que utilizaron parte del oro como respaldo.
Según el informe, esas operaciones generaron pérdidas contables y financieras y reavivaron dudas sobre la estrategia para administrar las reservas internacionales.
El auditor Juan Manuel Olmos también puso en cuestión el traslado de oro al exterior y anunció nuevas actuaciones para investigar su destino y las condiciones de esas transacciones.
La controversia alcanza al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, vinculado con Caputo desde antes del gobierno de Milei, y agrega presión sobre la conducción económica por el manejo de instrumentos financieros.
La campaña de 2027 condiciona las decisiones
El calendario electoral influye cada vez más en las discusiones internas. La necesidad de cerrar acuerdos con gobernadores y evitar más incertidumbre obliga al Gobierno a gestionar diferencias dentro de su coalición.
En paralelo, Patricia Bullrich busca consolidar su posición dentro del espacio libertario y ampliar su atractivo hacia el centro y la derecha. Aunque respalda al Presidente, reclama acelerar medidas que trasladen estabilidad macro a la economía cotidiana.
La Casa Rosada enfrenta una combinación de retos: falta de recuperación generalizada de la actividad, reclamos provinciales por recursos, tensiones entre sectores del oficialismo y críticas a la conducción económica.
En ese contexto, Caputo figura como uno de los funcionarios más expuestos al costo político del programa. Cualquier decisión sobre su continuidad dependerá de Milei y de las consideraciones que el Presidente y su entorno juzguen necesarias para conservar el equilibrio del Gobierno.
La incógnita es si la administración podrá recomponer la relación con los gobernadores y mostrar señales de mejora económica antes de la campaña de 2027, o si las tensiones actuales obligarán a cambios en el equipo y en la estrategia política.
