La Corona aporta claridad donde la política ha generado ambigüedad dañina. Felipe VI y la Reina Letizia viajarán hoy a Ceuta —donde pasarán la noche— y mañana visitarán Melilla. El Rey visita ambas ciudades y a sus vecinos; la naturalidad de este gesto constituye su fuerza principal.
La Corona simboliza la unidad y la continuidad del Estado, función que adquiere especial relevancia cuando esa permanencia debe hacerse visible, como ocurrió tras el volcán de La Palma o la DANA en Valencia. Una de sus responsabilidades esenciales es acompañar a la ciudadanía tanto en giras habituales como en situaciones extraordinarias. Lo mismo aplica a los residentes de Ceuta y Melilla, cuya condición de frontera a menudo atenúa la percepción de su pertenencia plena a España.
La visita se produce tras un verano que ha alterado certezas. El 30 de julio una avalancha de decenas de miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, irrumpió en Ceuta. Esos sucesos pusieron de manifiesto algo más que una crisis fronteriza: para Marruecos exhibieron la falta de horizontes laborales de una generación; para Ceuta las consecuencias han sido persistentes; para España supusieron una vulneración que obliga a revisar una política muy confiada en la cooperación marroquí. Para Europa, Ceuta evidenció cómo la inmigración irregular puede afectar no solo la gestión de fronteras, sino también la seguridad y la integridad territorial de un Estado miembro.
La crisis coincidió, además, con un periodo político delicado en Marruecos, en plena campaña electoral y con la cuestión sucesoria de Mohamed VI cada vez más presente en el debate público. No existe una transición formal, pero sí un horizonte sucesorio visible en un país con desequilibrios sociales significativos, sobre todo entre una generación con escasas oportunidades. El nombramiento de Fatima Ezzahra El Mansouri como primera mujer llamada a encabezar el gobierno tiene una carga simbólica y responde a ese mensaje. Probablemente cambie la composición del consejo de ministros, aunque las políticas bajo la influencia directa del Majzén —Interior, Exteriores, Defensa, Asuntos Islámicos y la Secretaría General del Gobierno— tenderán a permanecer.
En ese contexto debe leerse el discurso de Mohamed VI el 9 de octubre al abrir la nueva legislatura. Sus palabras incluyen críticas —rechazo a la presión y al chantaje, reproches a España por obstáculos jurídicos en algunas repatriaciones y la advertencia de que el modelo de cooperación migratoria ha llegado a sus límites—, pero no constituyen un anuncio de ruptura. Plantea insertar esa política en un marco más amplio de desarrollo compartido, competitividad y estabilidad regional. La diferencia es importante: la negociación que se avecina será ardua y exigirá al próximo gobierno español defender intereses sin provocar confrontación ni caer en la pasividad. Marruecos no dice que quiera cooperar menos con España y Europa, sino cooperar de otra manera y renegociar las condiciones, tras haber comprobado en la crisis de Ceuta que la posición europea respecto a la inmigración ha cambiado de manera sustancial.
Ese cambio merece atención. El endurecimiento de la política migratoria europea ya no proviene únicamente de gobiernos conservadores: Dinamarca, con una primera ministra socialdemócrata, ha mostrado hasta qué punto el debate ha traspasado viejas fronteras ideológicas. Desde junio está en vigor el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. La presidenta de la Comisión Europea lo dejó claro en su discurso sobre el Estado de la Unión, y en septiembre el Parlamento Europeo calificó los hechos de Ceuta con severidad, condenando la instrumentalización de la inmigración irregular y reclamando responsabilidades. A comienzos de este mes, España quedó aislada con su voto en solitario contra el nuevo Reglamento Europeo de Retorno.
Estos datos ponen de relieve una anomalía: el gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido en los últimos años una política migratoria cada vez más distanciada de la evolución de sus socios y de las instituciones europeas. Marruecos conoce el valor que España atribuye a su cooperación en materia migratoria y la importancia de esa cuestión en la política interior española. Es razonable preguntarse si esa singularidad no contribuyó a una lectura equivocada del contexto europeo por parte de Rabat.
En Madrid, la crisis de Ceuta dejó preguntas incómodas. El presidente Sánchez describió los hechos como una violación de la integridad territorial y luego matizó sus declaraciones. La Audiencia Nacional investiga hasta qué punto las autoridades marroquíes pudieron favorecer o incentivar la entrada masiva, y el Parlamento Europeo ha pedido también esclarecer la autoría de los hechos. Hoy no hay elementos suficientes para determinar con precisión la responsabilidad del Estado marroquí, pero tampoco es aconsejable cerrar el asunto con explicaciones complacientes. Entre la acusación sin pruebas judicialmente consolidadas y el silencio existe un amplio margen para argumentar y defender los intereses nacionales y comunitarios afectados.
La relación con Marruecos debe mantenerse en ese espacio de prudencia y firmeza. Es una relación estratégica para España que seguirá siéndolo: inmigración, lucha contra el terrorismo, comercio, energía, inversiones, agricultura, pesca y la estabilidad del Magreb exigen trabajar con Rabat desde la constancia, la defensa de principios y el respeto al marco legal. Asimismo, España tiene un interés directo en que Marruecos sea un país estable, próspero y capaz de llevar a cabo, llegado el caso, una transición ordenada.
Conviene distinguir cooperación y soberanía. La soberanía es el título que habilita para actuar; la cooperación ofrece instrumentos para ejercer el poder con eficacia y conforme al Derecho: gestionar la frontera buscando el mejor equilibrio entre la actuación soberana y los intereses y la geografía de ambos países. Confundir ambos conceptos puede conducir a una dependencia peligrosa y a comportarse como si mantener una buena relación bilateral exigiera minimizar la evidencia de que Ceuta y Melilla forman parte de España.
Con demasiada frecuencia la imagen internacional de Ceuta y Melilla se reduce a vallas, saltos, aduanas o vidas perdidas. Son ciudades vivas, españolas y europeas, con una composición social y cultural singular y una capacidad de convivencia que debería recibir mayor difusión. La presencia de los Reyes ofrece la oportunidad de proyectar esa realidad hacia el exterior. Felipe VI y la Reina Letizia son representantes de una España que no necesita sobreactuar para mostrarse. No hay motivos para interpretar su visita como una respuesta punitiva contra Marruecos: el jefe del Estado, al visitar a sus conciudadanos, cumple una de las funciones que le asigna la Constitución.
Rabat defenderá sus intereses y Madrid debe defender los suyos. Una buena relación bilateral no exige silencios rituales, sino previsibilidad y respeto mutuo. Europa tendrá un peso creciente en esa ecuación: no para sustituir la responsabilidad de España, sino porque las políticas sobre fronteras, retornos, comercio, inversión y desarrollo son cada vez más competencia del espacio europeo. España no puede diseñar una política eficaz hacia Marruecos al margen de Europa ni abordar su relación con Rabat desde la excepción permanente.
Hoy los Reyes recorren Ceuta y mañana Melilla. Quizá la forma más clara de entender el viaje sea la más sencilla: sin buscar lecturas accesorias ni adornos innecesarios, la visita cumple la función de que la Corona aporte claridad y presencia donde la política ha generado confusión. Felipe VI acude, una vez más, cuando las circunstancias lo requieren. Con los españoles.
