La autoridad anticorrupción de Sri Lanka informó este miércoles de la detención de la ex primera dama Shiranthi Rajapaksa, investigada por presunto desvío de donaciones destinadas a un hospital infantil. El presidente Anura Kumara Dissanayake, en el poder desde 2024, ha priorizado la lucha contra la corrupción y reactivado varias pesquisas contra la influyente familia Rajapaksa.
La mujer del expresidente Mahinda Rajapaksa (2005-2015), de 73 años, fue arrestada en su domicilio de Colombo y deberá comparecer ante un juez durante el día, según la Comisión de Investigación sobre Sospechas de Corrupción (Ciaboc). Un portavoz de la comisión indicó que la detención está vinculada a su fundación Siriliya Saviya.
El juez deberá decidir si concede libertad bajo fianza. La investigación centra su atención en el uso de 10 millones de rupias de Sri Lanka (unos 28.000 euros) recaudadas en 2011-2012 por la fundación para, supuestamente, financiar la compra de un escáner para el hospital. Documentos remitidos al tribunal indican que el equipo habría sido costeado por China y que los fondos recaudados se destinaron a otros fines.
Manoj Gamage, abogado de Rajapaksa, declaró a la prensa que su clienta niega de forma categórica cualquier malversación. La ex primera dama salió del país el 16 de septiembre para recibir tratamiento médico en Singapur y regresó a Colombo el lunes anterior.
La Ciaboc también anunció la detención del ex director general del National Savings Bank, Pradeep Kariyawasam, acusado de haber transferido otros 10 millones de rupias a la fundación Siriliya Saviya.
Los investigadores sostienen que la donación fue realizada en violación de la ley. La familia Rajapaksa tuvo un papel dominante en la política de Sri Lanka durante gran parte de las dos últimas décadas, hasta la caída del presidente Gotabaya Rajapaksa en 2022 en el contexto de la grave crisis financiera del país.
Desde entonces, varios miembros de la familia han sido implicados en distintos casos. El hijo de Shiranthi y Mahinda, Namal Rajapaksa, quedó en prisión preventiva el mes pasado acusado de recibir sobornos relacionados con un contrato de compra de aviones Airbus en 2013. Todos los acusados de la familia han negado públicamente las imputaciones, calificándolas de motivadas políticamente.
