La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto del Gobierno sobre la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que incorpora la restitución de la Ley de Tierras Rurales impulsada durante el kirchnerismo.
El segmento que dispone la derogación del artículo 154 del DNU 70/23 y la aplicación de la ley de Tierras fue aprobado por 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones.
La restitución de la ley de tierras recibió el respaldo de bloques como La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y diversas bancadas provinciales.
Votaron en contra los diputados Gladys Mendoza y Marina Elia Fernández (Tucumán), Karina Maureira (Neuquén) y Pablo Outes (Salta). Se abstuvieron los diputados de izquierda Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Romina Del Pla; además de Mónica Frade (Coalición Cívica) y Marcela Pagano (Coherencia).
La aprobación del proyecto en su conjunto fue muy ajustada: 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones —cinco de diputados por Córdoba y Álvaro González (PRO).
Si esas seis abstenciones se hubieran sumado a los votos negativos, el proyecto habría sido rechazado, por lo que la postura de los legisladores cordobeses y del diputado larretista resultó determinante para el oficialismo.
El proyecto ahora pasará al Senado, que podrá insistir con su texto original si alcanza los dos tercios o aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
La iniciativa llega con media sanción a la Cámara baja luego de que el Senado le hubiera quitado capítulos, entre ellos el relativo a la Ley de Manejo del Fuego y el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales, dado que el artículo 154 del DNU 70/23 había quedado derogado.
En ese contexto, el Gobierno ahora procura que la Cámara de Diputados restituya la Ley de Tierras, tras las advertencias de la oposición de desechar en bloque el DNU 70.
La norma restaurada ratificaría límites de hasta el 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, y establecería un tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y áreas de frontera.
La versión acotada de la Ley de Propiedad Privada que quedó vigente después de las modificaciones en el Senado incluye cambios a la Ley de Expropiaciones que restringen la capacidad del Estado para declarar la utilidad pública de inmuebles,
y una reforma de la ley de Desalojo destinada a reducir significativamente los plazos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencia irregular.
