Más de 2.000 amicus curiae fueron presentados ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal No12 para apoyar un amparo colectivo que impugna el desfinanciamiento de la educación técnica. La acción cuestiona el artículo 30 del Presupuesto 2026, que eliminó el fondo previsto por la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional.
La presentación estuvo encabezada por la diputada nacional Julia Strada, la legisladora Maru Bielli y Agustín Letcher, uno de los impulsores de la causa. Estudiantes de escuelas técnicas se concentraron frente al juzgado para acompañar el reclamo.
Qué cuestiona el amparo
El conflicto se centra en el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, que dejó sin efecto el artículo 52 de la Ley 26.058 (2005). Esa norma establecía un piso de financiamiento equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes previstos anualmente.
Los recursos del fondo estaban destinados a:
- equipamiento para talleres;
- compra de insumos;
- obras de infraestructura;
- capacitación y formación docente.
Según los demandantes, el fondo debería haber recibido aproximadamente $320.000 millones, pero en el período analizado se ejecutaron cerca de $11.000 millones, es decir, alrededor del 3% de lo estipulado por la ley. La supresión del fondo implica que esos recursos dejan de tener una asignación específica y pasan a estar sujetos a las decisiones presupuestarias del Poder Ejecutivo. La medida afecta a una modalidad educativa que, según los impulsores, reúne a 1,8 millones de estudiantes.
La causa ya fue reconocida como colectiva
El expediente tramita ante la jueza Macarena Marra Giménez, quien reconoció el carácter colectivo del planteo al entender que existe “una afectación común y homogénea” sobre los estudiantes de la modalidad técnica. Ahora el juzgado debe resolver una medida cautelar solicitada por los demandantes para suspender los efectos del artículo 30 mientras se analiza la constitucionalidad de la norma.
Adhesiones y participantes
La convocatoria para presentar amicus curiae reunió adhesiones de organismos de derechos humanos, sindicatos, cooperativas, centros de estudiantes, colegios profesionales e instituciones educativas de distintas provincias. Entre los participantes estuvieron representantes gremiales, el exsenador y expresidente de YPF Pablo González, el director del CEPA Hernán Letcher, y Gerardo Marchesini, exdirector ejecutivo del INET y uno de los siete demandantes.
En el acto, la diputada Julia Strada adelantó que intentarán reincorporar el financiamiento específico para la educación técnica en la discusión del Presupuesto 2027.
