El pasado lunes, el Departamento de Estado de EE. UU. notificó una serie de medidas dirigidas a “defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico”. No se trató de sanciones contra narcotraficantes o cárteles habituales, sino de acciones orientadas a jueces y fiscales en ejercicio. La declaración de Escudo de las Américas, organización de países afines que se reunió con Donald Trump en Nueva York durante la Asamblea de la ONU, mencionaba la coordinación de “sanciones, designaciones y acciones financieras contra terroristas y delincuentes que socavan la seguridad, el estado de derecho y la democracia”. En esa línea, la Secretaría de Estado publicó una lista de personas afectadas en una nueva tanda de revocaciones de visados.
Entre los citados figuran funcionarios de Colombia, Ecuador y Perú, y especialmente de Bolivia, donde se incluyó al fiscal general Roger Mariaca por su presunta participación en “casos de corrupción a gran escala”, según el comunicado. Mariaca, elegido en 2024 para un mandato de seis años durante la presidencia de Luis Arce, fue acusado de haber abusado de su cargo al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y de ayudar a que criminales violentos eludieran la justicia. El texto subrayaba que sus acciones dañan los esfuerzos del Gobierno estadounidense para combatir el narcoterrorismo y erosionan instituciones democráticas. La decisión fue señalada además en contraste con el perdón que EE. UU. concedió en diciembre al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 en Nueva York por conspiración para importar cocaína y delitos de armas.
Menos de 48 horas después de la nota oficial, Mariaca fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, y según informes fue entregado a la DEA, la agencia antidroga de EE. UU. El fiscal niega las acusaciones y ha calificado la retirada de su visa como una injerencia y una presión política vinculada a sus investigaciones. Entre los procesos que se le atribuyen figuran causas por intento de asesinato, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero relacionadas con Fernando Cerimedo, un consultor político argentino vinculado al entorno del español Javier Negre y cercano a círculos próximos al trumpismo y a la familia Trump, lo que ilustra redes de afinidad entre la nueva derecha regional y actores con conexiones en Washington.
«EL BOTÍN, PARA LOS VENCEDORES» Ya no se disimula la meta
Desde enero de 2025, la Administración estadounidense ha mostrado una disposición explícita a emplear una amplia gama de recursos para proteger lo que considera sus intereses, o los de la familia del presidente. Ese repertorio incluye insultos, provocaciones, advertencias, amenazas, sanciones, aranceles, bombardeos e incluso operaciones para capturar a un jefe de Estado.
Nicolás Maduro, detenido. EFE
En América Latina no interpretan esto como algo totalmente novedoso: recuerdan la Operación Cóndor, la coordinación entre dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980 que compartía información y represión contra opositores. Señalan que el historial de intervenciones, golpes y otros abusos atribuidos a EE. UU. es amplio, pero subrayan que antes muchas de esas acciones se disfrazaban; ahora, argumentan, se realizan con menos disimulo y con un alcance geográfico mayor. Asimismo, critican que junto a esa política abierta y contundente se han producido beneficios personales y económicos para allegados del presidente. La frase de Trump en una convención en Dallas —”el botín es para los vencedores”—, pronunciada en referencia a Venezuela, es citada como síntesis de una actitud extendida a su agenda exterior e interior.
Por ejemplo, Trump publicó el número de móvil de un senador de su propio partido, Tom Cotton, que se opone a una ley para eliminar el cambio de hora, e instó a sus seguidores a llamarlo. En su mensaje defendió la iniciativa con argumentos personales sobre preferencias de horario y actividades deportivas, en lugar de basarse en ventajas económicas o energéticas.
La CNN informó además que Jared Kushner, yerno de Trump y uno de sus principales negociadores para temas como Rusia y Oriente Próximo, tiene una participación importante a través de su fondo Affinity Partners en Phoenix Holdings, un grupo financiero israelí que a su vez ha invertido más de 265 millones de dólares en Elbit Systems, un fabricante de armamento. Críticos interpretan esto como un conflicto de intereses, en un contexto donde también se registran donaciones millonarias desde países del golfo y encargos costosos para la flota presidencial estadounidense, asuntos que en el pasado habrían provocado consecuencias políticas más severas.
NEGOCIAR Y PRESIONAR La coerción ya no es una vía, sino el método preferido
Sus críticos sostienen que la política exterior de Trump borra la distinción entre negociar y presionar, y entre el interés nacional y el personal, recurriendo con frecuencia al chantaje y a la coerción como herramientas habituales. Según Sara Yerkes, del Carnegie Endowment for International Peace, la mayoría de los indicadores muestran una caída del poder blando estadounidense desde el inicio del segundo mandato de Trump, y su gestión estaría erosionando instrumentos tradicionales de influencia cuya reparación podría requerir décadas.
Trump con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. EFE
Trump ha recurrido con frecuencia a la amenaza de aranceles, no solo como herramienta de negociación comercial sino como palanca de política exterior, aplicándolos para proteger industrias nacionales, presionar a aliados y adversarios, reducir déficits y, según analistas, para influir en procesos políticos ajenos y en decisiones judiciales de otros países.
Entre las maniobras recientes figuran presiones sobre Reino Unido y Francia, y la intentona de forzar al G-7 a tomar medidas para bajar el precio del diésel antes de las elecciones legislativas en EE. UU. El Gobierno estadounidense anunció acuerdos para liberar reservas y negoció proyectos energéticos con Corea del Sur por 8.400 millones de dólares, presentados como parte de una estrategia para reforzar la producción de petróleo y gas y la ‘seguridad energética’ estadounidense, mientras advertía sobre costos más altos para quienes no cooperen en otros proyectos.
En otros casos, Trump sugirió tomar el control de Groenlandia “de una forma u otra” y amenazó con aranceles a Dinamarca en caso de oposición. También recurrió a la presión económica y política para obtener acceso privilegiado a minerales o recursos en distintos países, condicionó ayuda financiera a resultados electorales favorables en Argentina y se expresó públicamente sobre la extracción de petróleo en Venezuela, planteamientos que la oposición interpreta como ejemplos de coerción geopolítica.
Zelenski y Trump en la Casa Blanca. POOL
Dos episodios recientes ilustran este patrón. The Wall Street Journal publicó que la embajadora de EE. UU. en Grecia, Kimberly Guilfoyle —ex presentadora de Fox News y ex pareja de Donald Trump Jr.— ha promovido el denominado “Corredor Vertical de Gas”, que impulsaría la salida de gas natural licuado desde terminales griegas hacia Bulgaria, Rumanía y Ucrania. El reportaje recoge declaraciones atribuidas a Guilfoyle en una cena en Atenas en las que, al hablar con autoridades griegas, afirmó que se podía replicar ese tipo de intervención en otros países, lo que generó inquietud por la sugerencia de injerencia.
«FUE MUY DIVERTIDO» La ex portavoz de la Casa Blanca se mofa de humillar a Starmer
En otra anécdota pública, la ex portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo en una entrevista, entre risas, que durante una comida en Reino Unido el presidente ridiculizó al entonces primer ministro Keir Starmer por sus políticas, y describió el episodio como algo “muy divertido”, incluso estando en territorio británico. La anécdota fue citada como ejemplo de la actitud despectiva hacia líderes aliados.
Yerkes advierte que a medida que disminuye el atractivo y la legitimidad de EE. UU., la administración podría necesitar recurrir con más frecuencia a incentivos financieros, sanciones o incluso al uso de la fuerza para alcanzar objetivos, opciones más costosas y con riesgo de provocar reacciones adversas. Esa dependencia creciente del poder duro en detrimento del poder blando, según la experta, es una política costosa y potencialmente peligrosa.
Quienes defienden la estrategia de Trump sostienen que está produciendo resultados tangibles: citan la cooperación de México en materia fronteriza tras amenazas arancelarias y la disposición de actores regionales a colaborar. Marco Rubio, secretario de Estado, elogió recientemente las acciones de Bolivia como ejemplo de liderazgo que, según él, contribuye a la seguridad y prosperidad hemisférica.
El historiador y comentarista conservador Victor Davis Hanson defiende la aproximación realista de la Administración, argumentando que la fortaleza percibida genera alineamientos favorables y que, para sus partidarios, el coste de parecer agresivo es aceptable si con ello se logra mayor seguridad y beneficios para EE. UU. En su visión, las alternativas basadas en la cordialidad y el diálogo no habrían sido efectivas para alcanzar esos fines.
