Quedan solo tres. El preso político hispanovenezolano Óscar Caamaño recuperó la libertad este jueves, en lo que se prevé sea una nueva tanda de excarcelaciones anunciada ayer por la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela y pocas horas antes del inicio de una nueva ronda de negociaciones entre el chavismo 3.0 y los delegados opositores designados por Washington.
Caamaño fue detenido días antes de la operación militar estadounidense de enero que culminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro. Exagente de la policía política de la revolución, vivió un proceso traumático desde 2018, cuando fue vinculado a la sublevación del capitán Juan Carlos Caguaripano. Recuperó la libertad meses después, pero fue detenido nuevamente en diciembre y recluido en Tocuyito, una cárcel que el gobierno de Maduro convirtió en una especie de campo de concentración tras el megafraude electoral de 2024.
Con la liberación de Caamaño quedan tres hispanovenezolanos en las prisiones políticas del chavismo. El comerciante Jorge Alayeto cumplirá el año que viene una década detenido, también en Tocuyito, acusado de participar en la supuesta conspiración para asaltar el Cuartel Paramacay. Según sus defensores, la única “prueba” la aportó un agente que los torturó a él y a su sobrino para forzar la firma de una acusación falsa.
Daniel Medina fue acusado de estar implicado en una muerte durante las protestas de 2019 y permanece recluido en un calabozo de PoliCojedes.
El cuarto es el estudiante Fernando Noya, cuñado del capitán Antonio Sequea —conocido por liberar a Leopoldo López antes del intento de rebelión del 30 de abril de 2019—, que lleva años soportando las condiciones inhumanas de la prisión del Rodeo 1.
“Los presos políticos que se encuentran en este centro de reclusión están en aislamiento prolongado en celdas 2×2, 23 horas al día, lo cual ha hecho que Fernando tenga una notable pérdida de masa muscular, debilidad, alteraciones del sueño, ataques de ansiedad, problemas digestivos, infecciones y un deterioro progresivo del estado general de salud. Fernando fue condenado a una pena de 30 años de prisión, en medio de un proceso en el que he denunciado reiteradamente graves irregularidades, falta de garantías judiciales y vulneraciones de su derecho a la defensa, y violación de todos sus derechos humanos”, recordó a EL MUNDO su hermana Verónica, exiliada con su familia en Madrid.
Familiares de los presos exigen su liberación; se estima que aún quedan entre 320 y 400 prisioneros políticos en Venezuela. Desde que Washington ordenó la apertura de las cárceles tras el 3 de enero, cuatro ciudadanos nacidos en España y alrededor de quince con doble nacionalidad han recuperado la libertad.
