En un trámite exprés en la Cámara de Diputados, y dos años y medio después de que el Gobierno derogara la Ley de Tierras Rurales sancionada a fines de 2011, el Ejecutivo incluyó en el dictamen de mayoría del proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada la ratificación de la vigencia de la norma que limita la extranjerización del territorio argentino.
Tras la media sanción del proyecto en el Senado hace poco más de dos meses y frente al rechazo social a la derogación de la Ley de Tierras, el espacio La Libertad Avanza se vio presionado por la posibilidad de que la oposición dejara sin efecto el DNU 70/23, lo que llevó a retomar iniciativas para restituir la vigencia de la normativa previa a la derogación impulsada por Javier Milei.
El oficialismo alcanzó un acuerdo con el PRO y la UCR para presentar un dictamen de mayoría con 34 firmas que incorpora un artículo que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 y otro que restituye plenamente la Ley de Tierras.
De este modo, diputados que apoyan la Ley de Tierras pero no querían confrontar con la totalidad del decreto encontraron una solución intermedia que les permitió respaldar la restitución de la norma sin rechazar todo el DNU.
Al finalizar el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Unión por la Patria suscribió un dictamen de rechazo junto a los diputados misioneros de Argentina Federal Alberto Arrúa y Yamila Ruiz; mientras, Provincias Unidas y la Coalición Cívica firmaron un despacho conjunto.
El diputado radical correntino Diógenes González (UCR) fue el miembro informante del dictamen de mayoría y señaló que la Ley de Tierras provocó una “gran conmoción pública”, en referencia al rechazo social registrado.
Esa reacción mayoritaria contra la venta o cesión de territorio a manos extranjeras fue, según el oficialismo, el factor que inclinó la balanza y motivó el cambio de rumbo para volver a la normativa de 2011.
El diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano afirmó que con esta decisión el oficialismo vuelve a la ley impulsada por el peronismo en materia de protección de tierras.
El oficialismo consideró que, de no producirse un giro de 180 grados, existía el riesgo de que la oposición lograra reunir mayoría en la sesión convocada para este jueves y dejara sin efecto en su totalidad el DNU 70/2023.
Si la oposición prosperara en esa intención, además de restablecerse la Ley de Tierras, se podrían revertir otras disposiciones incluidas en el DNU, como las relativas a la ley de Alquileres, la ley de Góndolas, la ley de Abastecimiento, la política de cielos abiertos, controles sobre la industria de telecomunicaciones satelitales, y el control de precios en empresas de medicina prepaga.
La diputada de Unión por la Patria Paula Penacca criticó la maniobra del oficialismo y señaló su sorpresa por las decisiones recientes del Gobierno en relación con estas normativas.
Penacca también remarcó el retroceso de la Corte Suprema respecto a la Ley de Tierras y destacó el giro del oficialismo como un hecho llamativo dentro del proceso legislativo.
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman calificó la estrategia oficialista como un intento para vaciar la sesión prevista para el jueves y cuestionó a los diputados denominados “dialoguistas” por conformarse con la restitución de la Ley de Tierras mientras avalarían otros aspectos del DNU 70.
Bregman definió la maniobra como un recurso para evitar que la oposición logre quórum en la sesión donde pretende dejar sin efecto el DNU 70/2023 y sostuvo que sería regrettable que algunos se escuden en la rápida incorporación de la Ley de Tierras para no participar de la votación.
La dirigente de izquierda añadió que será importante identificar quiénes no se sumarán a la iniciativa de derogar el DNU y a cambio de qué concesiones, aludiendo al principio de transparencia en las decisiones parlamentarias.
Giuliano advirtió, además, que el debate sobre la Ley de Tierras se vuelve “abstracto” frente al anuncio oficial reciente sobre la posible oferta de ciudadanía a extranjeros a cambio de 350.000 dólares de aporte al Tesoro.
Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) sostuvo que es responsabilidad de la oposición concurrir al recinto porque “la cuestión de fondo sobre la Ley de Tierras no está resuelta por la Justicia” y defendió la razonabilidad de la ley que contó con amplio consenso en el Congreso.
Sebastián Hadida (NA)
