El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que había suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno que cumpla lo establecido por la norma sancionada por el Congreso.
El fallo, firmado por el juez Martín Cormick, hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA) y dejó sin efecto el Decreto 759/2025.
En la resolución se impone al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, según el texto al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El Ejecutivo había intentado frenar la entrada en vigencia de la ley inicialmente mediante un veto; cuando el Congreso sostuvo la normativa, el Gobierno dictó el decreto que condicionaba el desembolso de fondos a la determinación de fuentes específicas y a la inclusión de las partidas en el presupuesto general.
El Consejo Interuniversitario Nacional, la UBA y otras casas de estudio presentaron el amparo colectivo para exigir la ejecución de los puntos centrales de la ley, entre ellos la asignación de partidas para el funcionamiento institucional y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
El juez consideró que el decreto gubernamental “no supera un test mínimo de razonabilidad”, porque permite suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso apelando a una norma anterior, pese a que la nueva ley fue respaldada con las mayorías agravadas requeridas.
Agostina Carlesso (NA)
