22 de noviembre de 2026
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Centros de retorno y disuasión migratoria en Europa

Centros de retorno y disuasión migratoria en Europa

Donald Trump empieza a convertirse en un referente en la política migratoria para algunos países de la Unión Europea. Puede parecer sorprendente, pero esa es la base de la declaración hecha esta semana en Viena por cinco socios comunitarios —Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Grecia y Austria— junto a Ruanda, para acordar la posibilidad de deportar a ese país africano a inmigrantes indocumentados con una orden ejecutable de expulsión y sin derecho a permanecer en la UE.

El mecanismo propuesto guarda gran similitud con acuerdos que Estados Unidos mantiene con 31 países, entre ellos Kosovo y Moldavia, y que han permitido a Washington enviar a terceros países a unos 25.000 inmigrantes durante los 21 meses de la presidencia de Trump.

La Comisión Europea y muchos Estados miembros han acogido con interés ese enfoque. El giro se aceleró a mediados de 2024, cuando la presidenta Ursula von der Leyen abrió la puerta a estudiar “soluciones innovadoras” a la gestión migratoria a petición de varios gobiernos. Desde entonces, el avance de estas medidas ha sido rápido para estándares europeos.

Ese modelo coincide con las preferencias de líderes como el canciller alemán Friedrich Merz —presionado por el ascenso del AfD—, con medidas ya adoptadas en Italia por la primera ministra Giorgia Meloni, y con opciones que podrían reforzarse en Francia si Marine Le Pen accede a la presidencia. En general, en muchas capitales hay menos apetito por la inmigración y un deseo de mayor control estatal sobre la llegada y permanencia de personas.

El canciller austríaco Christian Stocker calificó el acuerdo con Ruanda como un “cambio de paradigma verdaderamente histórico” en política migratoria: si no se puede expulsar a quienes carecen de derecho de residencia, dijo, el sistema de asilo pierde sentido. Por ello, sostuvo, cuando el retorno al país de origen no sea viable, esas personas podrán ser trasladadas a un tercer país como Ruanda para asegurar el control sobre la política migratoria a nivel nacional y europeo.

España, la excepción: una isla en el rechazo al modelo que quiere el club comunitario

España se presenta como una excepción a esta corriente. El Gobierno español ha criticado con frecuencia el modelo respaldado por buena parte de la UE; solo ocasionalmente ha contado con el apoyo de Francia. Pedro Sánchez ha defendido con orgullo esa postura y apunta a una política de atracción migratoria como factor clave del crecimiento económico reciente.

Bruselas volvió a señalar en sus previsiones de otoño que el crecimiento en España se ha sustentado en el aumento del empleo asociado a la migración, que a su vez impulsa el consumo privado. Ese dinamismo explica en buena parte el rendimiento económico superior de España frente a otras potencias europeas en los últimos años.

La diferencia, subrayan varios países, es también cualitativa: gran parte de la inmigración hacia España proviene de Latinoamérica, lo que facilita la integración por idioma, cultura y religión compartidos. No obstante, la política migratoria española podría cambiar sustancialmente si las encuestas se confirman y tras las elecciones, en caso de que PP y Vox formen Gobierno.

Mientras tanto, la externalización de deportaciones se normaliza en la UE, cuando hace poco se consideraban iniciativas de este tipo como propias de gobiernos de ultraderecha o xenófobos. Un ejemplo cercano son los “centros Meloni”: dos instalaciones italianas en Albania que acogen a inmigrantes interceptados en el mar o en Italia como paso previo a su deportación.

Hay antecedentes fuera de Europa. Entre 2013 y 2018, Israel trasladó a unas 4.500 personas —principalmente de Eritrea y Sudán— a Ruanda y Uganda con billetes de ida y pagos de 3.500 dólares; oficialmente era voluntario, pero muchos aceptaron por temor a ser detenidos. De 2012 a 2021, Australia envió solicitantes de asilo a Nauru y Papúa Nueva Guinea, cuyos tribunales decidían sobre su estatus; en 2021 Papúa Nueva Guinea abandonó el acuerdo y años después Australia renovó su pacto con Nauru para que allí permanecieran inmigrantes de terceros países. Ese es el modelo que algunos Estados europeos buscan replicar con Ruanda.

El fracaso británico: el fallido plan para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo

El Reino Unido intentó implantar una política similar y fracasó política, jurídica y económicamente. Presentada por Boris Johnson en 2022 y continuada por Liz Truss y Rishi Sunak, la propuesta era enviar a Ruanda a quienes entraran ilegalmente, sobre todo en pequeñas embarcaciones cruzando el Canal de la Mancha. En Ruanda, las autoridades locales examinarían los casos con la posibilidad de recursos ante un tribunal especial formado por magistrados ruandeses y extranjeros. Si se concedía asilo, las personas permanecerían en Ruanda; si se denegaba, podían seguir en Ruanda por el riesgo de retorno a su país de origen. Kigali exigió 370 millones de libras (442 millones de euros) por cinco años.

El resultado práctico fue nulo en deportaciones y costoso para el contribuyente: según cifras oficiales británicas, el gasto asociado alcanzó 715 millones de libras (853 millones de euros), cifra que incluye partidas vinculadas a la lucha contra la inmigración ilegal. En julio de 2024, dos días después de ganar las elecciones, Keir Starmer anunció la cancelación del plan, que describió como “nacido muerto”.

El proyecto estuvo rodeado de controversias legales y políticas. Aunque Ruanda es estable y relativamente próspera, su régimen, dirigido por Paul Kagame durante más de tres décadas, no garantiza una independencia judicial plena ni robustas instituciones de protección de derechos. Los tribunales británicos estimaron que no había garantías suficientes de que quienes perdieran su petición de asilo no fuesen devueltos a sus países de origen. Además, existe inquietud por la implicación militar de Ruanda en conflictos regionales.

Una parte del objetivo británico era disuadir las travesías peligrosas: la amenaza de acabar en Ruanda debía reducir los intentos de cruzar el Canal. Sin embargo, las dudas legales y los costes terminaron por desactivar la iniciativa.

Locomotora danesa: Frederiksen, abanderada contra las llegadas ilegales

La intención disuasoria también aparece en el plan presentado en Viena. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, sostuvo que el proyecto busca “eliminar los incentivos para la inmigración ilegal”. Aunque la vida en Kigali no es equivalente a la de una capital europea, desde el Gobierno danés sostienen que el modelo ofrecerá “una nueva oportunidad” a quienes no pueden permanecer en la UE: integrarse en Ruanda, regresar voluntariamente a su país de origen o trasladarse legalmente a otro Estado.

Resulta llamativa la presentación de la posibilidad de integrarse en un país en el centro geográfico de África como una “oportunidad” para personas que aspiraban a residir en Europa. También destaca la implicación directa de Frederiksen en el proceso.

Aunque Frederiksen es socialdemócrata, la socialdemocracia danesa muestra posiciones más estrictas en inmigración que en otros países europeos; su discurso se asemeja en ocasiones al de partidos conservadores o de derecha. Ella defiende la expulsión inmediata de quien cometa delitos graves o suponga una amenaza para la seguridad, y ha promovido la creación de este “centro de retorno” en Ruanda, con la intención de que esté operativo en 2027.

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